El Banco Central flexibilizó una norma vigente desde 2002 para liberar hasta USD 10.000 millones de los depósitos ociosos. El objetivo oficial es volcar oferta al mercado y bajar las tasas en pesos, pero los analistas advierten por el riesgo de una eventual devaluación sobre los balances corporativos.
En una jugada estratégica para dinamizar el crédito y apuntalar la oferta de divisas en el mercado oficial, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió flexibilizar la regulación cambiaria e involucrar al sector privado que no genera ingresos en moneda extranjera. A través de la modificación del artículo 23 del Decreto 905/02 —un esquema preventivo heredado de la crisis de 2001—, la autoridad monetaria autorizó a los bancos a otorgar préstamos en dólares a empresas que facturan exclusivamente en pesos.
La medida busca desarmar el monopolio del financiamiento en divisas que hasta ahora conservaban las compañías exportadoras. Según la visión del Palacio de Hacienda conducido por Luis Caputo, la iniciativa apunta a activar un stock ocioso de depósitos en dólares para inyectar liquidez al sistema productivo, aliviar el costo del crédito y garantizar estabilidad cambiaria en la antesala del ciclo electoral.
Desde el equipo económico explicaron que la desregulación responde a una demanda concreta de sectores mano de obra e inversión intensivos, como la construcción y la industria automotriz. “Nos venían pidiendo una mayor flexibilidad en esto, nos parece macroprudencialmente lo más razonable”, señaló el ministro Caputo al defender la decisión.
El cálculo del Palacio de Hacienda parte de un diagnóstico claro: existe una masa de depósitos en moneda extranjera consolidada en torno a los USD 40.000 millones —impulsada en gran medida por el blanqueo de capitales—, frente a un nivel de préstamos estancado en los USD 24.700 millones. Descontando los encajes regulatorios del 25%, el sistema financiero cuenta con una capacidad prestable adicional calculada en USD 5.800 millones.
Con la obligación legal de que estos préstamos sean liquidados en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el Gobierno proyecta un incremento de la oferta de divisas que oscilará entre los USD 3.000 millones y USD 6.000 millones, pudiendo alcanzar un techo de USD 10.000 millones si se mantiene el ritmo de depósitos. Por rebote, el corrimiento del crédito corporativo hacia la divisa norteamericana debería reducir la presión sobre la tasa de interés en pesos, abaratando el financiamiento local.
Al respecto, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que el esquema anterior protegía al sistema financiero del riesgo de descalce, pero “preservaba un sistema que es de los más chicos del mundo”, señalando la necesidad de poner a circular cerca de USD 7.500 millones que permanecían inmovilizados.
A pesar del optimismo gubernamental, la medida encendió señales de alarma entre analistas y consultoras privadas, quienes advierten sobre los peligros históricos de endeudar en moneda dura a firmas cuyos ingresos dependen del mercado interno.
El analista financiero Christian Buteler cuestionó el trasfondo de la iniciativa: “Prestar dólares a una empresa que tiene sus ingresos en pesos no me parece lo mejor. Ya hemos visto lo que el descalce de moneda puede producir en la Argentina, no solo a quien toma el crédito, sino también al sistema financiero”. Asimismo, sugirió que la medida busca generar una oferta de divisas para contener episodios de volatilidad durante el año electoral.
En la misma línea, el economista Martín Kalos (EpyCa) recordó que “del descalce de monedas están hechas las crisis cambiarias de la historia argentina”, remarcando que la mayor circulación de divisas en la calle puede generar distorsiones si no se administra con cautela. Por su parte, el economista Haroldo Montagu advirtió que la norma no implica un ingreso de divisas frescas desde el exterior, sino una reasignación interna de recursos que traslada el riesgo de un eventual salto cambiario directamente desde los bancos hacia los balances de las empresas.
Para atenuar los impactos sistémicos, el Banco Central fijó una serie de contenciones prudenciales:
Tope máximo de financiamiento: Ninguna entidad bancaria podrá prestar bajo esta modalidad más del 15% de sus depósitos totales en dólares.
Exigencia de capitales mínimos: Se incrementó al 125% el requisito de capital aplicable para estas financiaciones respecto a los créditos ordinarios.
Análisis de estrés obligatorio: Las gerencias de riesgo de los bancos deberán evaluar rigurosamente la capacidad de repago de las empresas deudoras simulando escenarios de variaciones abruptas del tipo de cambio.
La efectividad de la medida dependerá, en última instancia, del filtro que apliquen las entidades financieras y de la prudencia de los empresarios al evaluar si el costo de una tasa en dólares compensa la exposición al riesgo cambiario.
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