Investigación judicial por presunto lavado de $27.000 millones a través de billeteras virtuales y datos biométricos La fiscalía platense ordenó la detención de una funcionaria judicial con funciones en el Patronato de Liberados. La maniobra investigada involucra el uso de “mulas financieras”, plataformas de juego ilegal y conexiones con expedientes por intermediación no autorizada
Una investigación instruida por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de La Plata, Betina Lacki, derivó en la detención de Albertina Mangini, funcionaria del Ministerio Público Fiscal que se desempeñaba en comisión en la oficina de enlace del Patronato de Liberados. La causa penal, tramitada ante el Juzgado de Garantías N° 6 a cargo del juez Agustín Carlos Crispo, investiga la conformación de una presunta organización dedicada a la captación de personas vulnerables para la apertura de cuentas virtuales con fines de blanqueo de capitales.
La estructura habría movilizado una suma calculada en $27.000 millones a lo largo de un período estimado de un año. La acusación imputa a los involucrados los delitos de asociación ilícita, estafa y lavado de activos agravado por la función pública.
La hipótesis central del Ministerio Público sostiene que el mecanismo se iniciaba con la identificación de personas en situación de vulnerabilidad social o bajo tutela del sistema penitenciario. A través de la oferta de una suma fija de $80.000, los ciudadanos aceptaban ceder sus datos de identidad, fotografías de rostro, documentación personal y el escaneo de sus datos biométricos.
Según consta en el expediente, las reuniones operativas para la captación se llevaban a cabo en un establecimiento comercial céntrico de La Plata. Posteriormente, dichos registros eran utilizados para dar de alta cuentas bancarias y perfiles en plataformas de pago digital (tales como Ualá, Mercado Pago y PayPal) a nombre de terceros que operaban como “mulas financieras”.
A través de la modalidad técnica conocida como smurfing o “pitufeo”, los montos ingresados —cuyo origen se atribuye a actividades de juego clandestino— eran fraccionados en múltiples transferencias de menor cuantía. Esta fragmentación sistemática tenía como propósito eludir los controles automatizados de prevención de lavado de dinero de los organismos de fiscalización.
Posteriormente, los fondos eran canalizados hacia un casino en línea no regulado. Dentro de esa plataforma, el dinero era transformado en fichas de apuestas virtuales y posteriormente retirado como supuestas ganancias legítimas, interrumpiendo la trazabilidad del capital.
En forma paralela a la detención de Mangini, la fiscalía imputó a Mauro Perrotta —aprehendido en Mar del Plata—, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag, Cristian Alejandro Scigliano e Ignacio Leonel Marchioni, este último localizado en Quilmes.
El nombre de Marchioni adquiere centralidad en el expediente debido a su previa imputación en una causa conexa que tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, bajo la conducción del juez Juan Tomás Rodríguez Ponte y la fiscal Cecilia Incardona, relativa a las operaciones de la empresa Sur Finanzas PSP S.A. En dicho expediente, el acusado registra una inhibición general de bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Un peritaje contable incorporado por el Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA) reveló que la plataforma de pagos HAZ PAGOS registró respecto de Marchioni un flujo bruto de créditos por $13.574 millones y débitos por un monto equivalente, sumando una actividad total de $27.149 millones. Adicionalmente, informes de organismos fiscales consignaron movimientos por más de $87.000 millones en billeteras asociadas a firmas de criptoactivos, evidenciando una notable incompatibilidad con su perfil fiscal registrado como monotributista de la categoría D.
Dentro del expediente, el investigado Catriel Taubenschlag hizo público su descargo, aclarando que no pesa sobre su persona una orden de detención. Según su declaración, los fondos recibidos en sus cuentas durante 2023 respondían a su actividad profesional como operador de intermediación (broker) de criptoactivos, mediante operaciones de arbitraje registradas y bancarizadas, donde convertía ingresos en pesos a la moneda estable USDT a cambio de un margen de comisión.
En los próximos días, la fiscalía de la doctora Lacki —quien cuenta con antecedentes en la instrucción de investigaciones por delitos financieros en el ámbito público— resolverá el pedido de prisión preventiva para los principales involucrados. En paralelo, las autoridades competentes evalúan la suspensión administrativa de la funcionaria imputada mientras se profundizan los cruces contables para identificar la totalidad de los beneficiarios finales del circuito.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos solicitó al Gobierno de Portugal reconsiderar los recortes a la legislación de identidad de género, alertando que la iniciativa reintroduce la patologización médica sobre la población trans.
Un estudio histopatológico determinó que Ángela Álvarez sufrió una muerte violenta por sofocación. Cuatro hombres quedaron imputados por robo seguido de muerte.
Durante la grabación del programa de Mario Pergolini en eltrece, Eugenia Suárez habría destruido un retrato de Martín Cirio ubicado en su camarín, según reveló Marina Calabró tras detallar viejos enfrentamientos entre ambas figuras.
Antes de su remate el 9 de diciembre en Nueva York, el vestido de seda que Diana de Gales inmortalizó en 1994 será exhibido globalmente por Sotheby’s, con una estimación de hasta 300 mil dólares.
En un reconocimiento inédito para el automovilismo nacional, la Legislatura porteña declaró de Interés Deportivo al TC2000. La iniciativa destaca más de cuatro décadas de trayectoria e innovación tecnológica vinculadas a las calles y autódromos de la Ciudad.
Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba en La Bombonera con una alineación alternativa, impulsado por dos goles de Ángel Romero y el estreno goleador de Enner Valencia, a días del cruce decisivo por Copa Sudamericana.
La Justicia de San Juan abrió una investigación de oficio tras el hallazgo de un escrito en un sanitario de la Escuela Carlos María de Alvear, en Rawson. La inscripción, borrada poco después por directivas educativas, alertaba sobre un presunto abuso intrafamiliar.
Diputados británicos votaron contra el proyecto de ley para autorizar la muerte asistida en pacientes terminales, frenando un histórico cambio legislativo tras un tenso debate centrado en las garantías médicas y los cuidados paliativos.
