El gobierno de Estados Unidos parece haber olvidado cómo liderar al mundo occidental. En un nuevo episodio de lo que ya se perfila como una política exterior e interna basada en la paranoia y la coerción, el Departamento de Defensa ha emitido una directiva que atenta directamente contra el desarrollo científico global: 30 de las universidades más prestigiosas del país tienen hasta el 31 de agosto para cancelar cualquier vínculo de investigación con China, Rusia e Irán, o perderán su financiamiento federal.
Lejos de la imagen de una potencia hegemónica segura de sus capacidades, la medida dictada por Washington refleja una reacción defensiva y pésimamente ejecutada. Exigir a instituciones del calibre de Harvard, el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Johns Hopkins, Yale y Stanford que desmantelen complejos convenios internacionales de investigación en un plazo absurdo de apenas dos semanas demuestra una desconexión total por parte del Estado con la realidad del tejido académico.
La criminalización del intercambio y la falta de pruebas
Emil Michael, director de tecnología del Pentágono, intentó justificar la medida amparándose en una “tolerancia cero” con las alianzas que supuestamente comprometen la seguridad nacional. Sin embargo, la propia comunidad académica estadounidense ha dejado en evidencia la improvisación del gobierno.
Sarah Spreitzer, vicepresidenta del American Council on Education —entidad que representa a los líderes de estos centros de estudio—, destapó la falla estructural de esta política al denunciar que el Pentágono “insinúa irregularidades sin presentar pruebas específicas”. Spreitzer recordó que las universidades ya habían colaborado de buena fe para alejarse de alianzas de riesgo. Al imponerles un castigo público bajo amenaza de desfinanciamiento, el gobierno estadounidense está dinamitando la confianza con sus propios aliados internos y tratando a sus científicos de élite como sospechosos de traición.