Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco apelaron el sobreseimiento de Sofía Clerici en la causa por lavado de dinero vinculada a Martín Insaurralde. Cuestionaron la decisión por prematura y señalaron faltas en la investigación de sus bienes e ingresos.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal, Sergio Mola y Diego Velasco, presentaron un recurso de apelación contra el sobreseimiento otorgado a la modelo Sofía Clerici en el marco del expediente que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al exfuncionario Martín Insaurralde. Los fiscales tildaron el fallo del juez federal Luis Armella como una decisión precipitada que carece de sustento objetivo, remarcando que el cierre de la causa se dictó de forma repentina justo antes del traspaso del juzgado a un nuevo magistrado, interrumpiendo la recolección de pruebas fundamentales.
La fiscalía cuestionó con dureza el desempeño de las autoridades judiciales previas en el trámite del proceso, acusándolas de haber entorpecido y dilatado la verificación de los hechos. Según el planteo de los acusadores, la falta de indagatorias y la omisión de medidas de prueba esenciales impiden cerrar definitivamente la investigación respecto de los fondos y los bienes detectados.
El dictamen judicial recurrido consideró que no existían registros formales que acreditaran la transferencia de casi seiscientos mil dólares hallados en la finca de Clerici por parte del exintendente. Frente a esto, los fiscales replicaron que la ausencia de un respaldo documental no descarta la entrega de efectivo no declarado, máxime al constatarse ingresos de la imputada al domicilio del exfuncionario en San Vicente, locación identificada en peritajes policiales por la presencia de dinero en efectivo.
Sumado a ello, la fiscalía advirtió que la resolución desestimó sin fundamentos las marcadas diferencias entre los ingresos declarados por la modelo y sus bienes, entre los que figuran vehículos de alta gama y operaciones inmobiliarias a través de sociedades sin giro comercial. Entre las medidas aún no concretadas destacan el peritaje de teléfonos celulares secuestrados, la tasación de inmuebles y el cotejo de información migratoria.
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