El plan de gobierno de Keiko Fujimori: mano dura y cárceles

El primer ministro de Perú, Luis Galarreta, presentó ante el Congreso su plan de gobierno enfocado en la mano dura contra la inseguridad, incluyendo cárceles de máxima seguridad y despliegue militar. Sin embargo, la propuesta surge en medio de fricciones en el Gabinete.

Keiko Fujimori. Foto: Web.

Presentación en el Parlamento y tensiones internas

El jefe del gabinete ministerial de Perú, Luis Galarreta, encabezó la comitiva del Ejecutivo ante el Congreso bicameral para detallar las líneas prioritarias de la administración de Keiko Fujimori. La exposición incluyó un severo diagnóstico de la administración pública e institucional, cuestionando la lentitud del aparato estatal frente a las demandas de seguridad y cobertura de emergencias frente a la rapidez con la que se imponen cargas impositivas o administrativas a los ciudadanos.

La presentación del programa de gobierno aconteció en un clima de fricción interna en el equipo ministerial, tras contrapuntos públicos sobre la gestión de emergencias climáticas y debates sobre la adscripción de espacios de memoria histórica. Paralelamente, legisladores de la oposición criticaron la narrativa oficial del Gabinete y remarcaron la responsabilidad de las bancadas mayoritarias en la inestabilidad política que ha marcado los últimos años en el país.

Estrategia de seguridad y delegación de facultades

El pilar central de la propuesta ministerial se concentró en el combate a la criminalidad. El Ejecutivo anunció la creación de recintos penitenciarios de máxima seguridad destinados a los perfiles de mayor peligrosidad, junto con la adaptación de infraestructuras militares en desuso mediante convenios para albergar a sancionados por delitos menores. Asimismo, la iniciativa prevé ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas operativas de apoyo presidio y vigilancia exterior.

Para acelerar la puesta en marcha de estas iniciativas, el Gabinete confirmó que formalizará un pedido de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana ante el Congreso. Las medidas buscan dar respuesta a la escalada de homicidios y extorsiones que afectan al transporte y a los comercios, de cara a las medidas de protesta convocadas por gremios del sector productivo.

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