La Ciudad canceló licitación comercial en Cementerio de la Recoleta

Ante una medida cautelar dictada por la Justicia, el Gobierno porteño canceló la licitación para instalar un café y gift shop en una bóveda del Cementerio de la Recoleta, tras el reclamo de herederos por deudas y titularidad.

Freno judicial al comercio en el histórico Cementerio de Recoleta. Foto: Web.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires canceló la licitación pública que buscaba transformar una antigua bóveda del Cementerio de la Recoleta en una tienda de recuerdos y local gastronómico.

La decisión oficial aconteció tras la notificación de una medida cautelar dictada por el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, Roberto Gallardo, que ordenó la suspensión inmediata del proceso.

El conflicto legal inició a partir de un recurso de amparo presentado por Lucía Girado, integrante de la familia concesionaria a perpetuidad del panteón ubicado en la Sección 17 del predio. El proyecto contemplaba la explotación comercial del espacio de 24,55 metros cuadrados por un plazo de cinco años y con un canon base mensual de 1.600.000 pesos.

Fuentes del Ejecutivo porteño señalaron que el inmueble fue restituido a la Ciudad tras declarar la caducidad del permiso por abandono. Según la versión oficial, los 30 propietarios registrados acumulan una deuda de mantenimiento de 22.215.070 pesos entre los períodos 2007 y 2026, a los que se suman 15.587.653 pesos por obras de reparación ejecutadas por el Estado. Las autoridades afirmaron que enviaron cartas documento y publicaron edictos desde 2025 sin recibir regularización alguna.

En contraposición, la demandante aseguró que intentó saldar las tasas anuales en reiteradas oportunidades. Sin embargo, las normativas administrativas impidieron los cobros debido a la imposibilidad de actualizar la titularidad de los registros, cuyos nombres asentados corresponden a personas fallecidas hace más de dos décadas. Ante el deterioro del espacio y el bloqueo físico de acceso a las sepulturas familiares, la heredera recurrió a la protección judicial.

Paralelamente, la resolución del magistrado fundamentó que un cementerio constituye un bien jurídico destinado a la memoria y el descanso de los deudos, aspecto que lo sitúa fuera del comercio ordinario.

Por consiguiente, la cautelar exigió la abstención de realizar cualquier licitación o remate público en el sector hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.

El dictamen judicial expone los límites entre la recaudación estatal, la gestión del patrimonio público y los derechos de los herederos sobre las concesiones históricas. ¿Lograrán las administraciones urbanas equilibrar la sostenibilidad financiera de los monumentos sin vulnerar su valor afectivo y simbólico?

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