Representantes del sector agropecuario expusieron en la Cámara de Diputados de la Nación para respaldar un proyecto de ley que tipifica la intrusión y aumenta las penas por daños a la infraestructura productiva.
Representantes del sector agropecuario expusieron en la Cámara de Diputados de la Nación para respaldar un proyecto de ley que tipifica la intrusión y aumenta las penas por daños a la infraestructura productiva.
La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación recibió a dirigentes de las entidades agropecuarias para analizar modificaciones al Código Penal referidas al vandalismo en el campo. Durante la reunión, los referentes sectoriales manifestaron su apoyo a la iniciativa que busca sancionar la intrusión y el daño a las instalaciones productivas.
El proyecto de ley propone la creación de la figura de intrusión rural, con penas de prisión fijadas entre un mes y un año para quien ingrese sin autorización a establecimientos agropecuarios delimitados por tranqueras, alambrados o cartelería. Esta medida apunta a brindar un marco legal para que las fuerzas de seguridad intervengan ante el ingreso no autorizado a las propiedades.
Asimismo, la iniciativa contempla la figura de daño agravado, con escalas penales de dos a ocho años de prisión y sanciones económicas que van de tres a 12 veces el valor del perjuicio ocasionado.
La norma incluye de manera explícita la protección de sistemas de riego, paneles solares, silos y cerramientos. La pena mínima se duplicará en aquellos casos donde los responsables sean funcionarios públicos o personas ligadas a la actividad agraria.
Dirigentes de la Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro coincidieron en la necesidad de contar con herramientas judiciales ante los delitos rurales.
Durante las exposiciones, los representantes enfatizaron que los perjuicios en el sector no solo afectan el valor de los bienes, sino que interrumpen el proceso productivo y vulneran la seguridad rural de las familias que residen en los establecimientos.
Por otra parte, el proyecto contempla modificaciones en la figura de instigación pública, con penas de dos a seis años de prisión para quienes inciten a cometer estos delitos. La sanción se triplicará en los casos donde la incitación se realice mediante redes sociales o medios de comunicación masivos.
El tratamiento legislativo de la propuesta continuará en el ámbito parlamentario para evaluar su factibilidad técnica y jurídica. La discusión futura deberá determinar si el incremento de las penas en el Código Penal resulta suficiente para frenar la inseguridad rural o si requerirá de un mayor despliegue operativo en el territorio.
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