Guillermo Bellingi, exsubdirector de la Procuración General de la Nación, fue hallado en una calle de La Plata con una puñalada en el tórax a solo tres semanas de declarar en el juicio oral por la multimillonaria compra del edificio de la institución. La Policía investiga un posible suicidio, mientras la Justicia aguarda los resultados …
La muerte de un exfuncionario clave en los tribunales federales provocó un fuerte impacto político y judicial. Guillermo Bellingi (55), exsubdirector general de la Procuración General de la Nación durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, apareció muerto este martes de una cuchillada en el pecho en una calle de la localidad de Villa Elisa, en el partido de La Plata. El hallazgo ocurrió a menos de tres semanas del inicio del juicio oral y público por presunta corrupción en el que debía declarar como uno de los principales imputados.
El cuerpo sin vida fue encontrado por un transeúnte en la calle 8, entre 406 y 407, quien alertó de inmediato al servicio de emergencias 911. Al llegar al lugar, los efectivos de la Policía bonaerense constataron que Bellingi presentaba una herida de arma blanca en la parte baja del tórax, con inclinación hacia el lado izquierdo. Junto al cadáver, las autoridades secuestraron un cuchillo tipo criollo con su respectiva funda, además de la billetera, el teléfono celular, un reloj y una mochila azul pertenecientes a la víctima.
Según las primeras apreciaciones de los investigadores, la principal hipótesis policial apunta a un presunto suicidio, ya que el cuerpo no registraba signos de defensa ni otras lesiones visibles de lucha. No obstante, la fiscalía a cargo de la instrucción aguarda los resultados definitivos de la autopsia para precisar la mecánica del hecho y descartar formalmente la intervención de terceros.
El trágico desenlace de Bellingi se produce en la antesala de un juicio de alto impacto institucional. En menos de veinte días, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 (TOF 8) —integrado por los jueces Gabriela López Iñiguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer— tenía previsto dar inicio al debate oral por la escandalosa compra del edificio de la calle Perón 667, adonde se mudó la sede central del organismo judicial en 2013.
La investigación impulsada en su momento por el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano determinó que la licitación pública N° 1/2013 para la adquisición del inmueble a la firma Argentina Financiera S.A. (Arfinsa) —por un monto de 43,8 millones de pesos de la época— estuvo fuertemente direccionada. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, Bellingi habría filtrado información privilegiada a los ganadores del concurso antes de que la convocatoria se hiciera pública.
El entramado sumó un ingrediente familiar decisivo: Juan Carlos Thill, medio hermano de Bellingi, actuó como asesor externo de la inmobiliaria intermediaria en la operación y cobró una jugosa comisión de 3 millones de pesos (equivalentes a medio millón de dólares según la cotización cambiaria de ese momento). Para la Justicia, existió un circuito coordinado de retribuciones ilegales que involucró directamente a la cúpula directiva del organismo.
La figura de Bellingi resultó central en el armado institucional desplegado durante el kirchnerismo en la Procuración. Según consta en el dictamen fiscal, el exfuncionario desembarcó en la estructura estatal menos de un mes después de la asunción de Alejandra Gils Carbó, ocupando un puesto inédito creado a medida: coordinador de la Procuración General, con dependencia directa de la titular y equiparación de sueldo a subdirector general.
Tras el estallido del escándalo judicial en 2016, Bellingi fue suspendido preventivamente mediante un sumario dispuesto por la propia procuradora. Sin embargo, en 2017, mientras Gils Carbó aún conducía la institución, el imputado solicitó ser reincorporado para continuar percibiendo sus haberes. La solicitud fue aceptada, aunque se lo reubicó en la biblioteca de la institución y no en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), donde revistaba originalmente.
Con el inicio del juicio a las puertas y la acusación a cargo del fiscal general Marcelo Colombo, la muerte de Bellingi altera de manera definitiva el cuadro probatorio del proceso. La desaparición física de uno de los sospechosos centrales deja interrogantes abiertos sobre la red de complicidades políticas y financieras que rodearon una de las contrataciones más controvertidas de la historia reciente de la Justicia argentina.
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