El fallo dictado por el juez federal Ernesto Kreplak reveló un dato determinante sobre la tragedia del fentanilo contaminado. Un informe judicial confirmó que la cúpula de la ANMAT tuvo en sus manos una advertencia clave que habría evitado la distribución de la droga mortal en hospitales de todo el país.
Más de 90 muertes pudieron haberse evitado si se frenaba a tiempo al laboratorio.
30 días de demora registró la firma del documento oficial de advertencia.
500.000 millones de pesos es el embargo trabado a las ex funcionarias.
El documento técnico exigía frenar la producción tras detectar severas fallas en el laboratorio Ramallo. Sin embargo, las ex autoridades del organismo demoraron más de un mes en firmar la alerta, tiempo durante el cual las ampollas infectadas con bacterias mortales ingresaron directamente al sistema de salud público y privado.
Un aviso ignorado por la cúpula reguladora
El expediente detalló que los inspectores de la ANMAT labraron un acta de inspección a fines de 2024. En ese escrito oficial se disponía la prohibición inmediata de uso de áreas cuestionadas por graves deficiencias en los procedimientos de elaboración de medicamentos.
A pesar del riesgo sanitario latente, las dos máximas directivas procesadas decidieron no aplicar las sanciones oportunamente. La falta de firma e intervención preventiva de Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó permitió la salida de 300.000 ampollas contaminadas hacia los centros médicos.
En sus extensas consideraciones judiciales, el juez Kreplak calificó la conducta como un apartamiento deliberado de los criterios técnicos. La investigación penal demostró que la contaminación bacteriana resultaba plenamente previsible para las autoridades sanitarias nacionales a cargo del control.
La maniobra para cajonear las inspecciones
La ex directora del INAME fue duramente cuestionada por cajonear una segunda carta de advertencia dirigida a la firma HLB Pharma Group. La maniobra consistió en sentarse sobre el expediente sin fijar posición para evitar que se adoptaran medidas cautelares urgentes.
Por su parte, la ex titular de la ANMAT mantuvo una actitud pasiva y fuertemente permisiva ante las denuncias presentadas por el área técnica. El tribunal confirmó que la funcionaria tenía conocimiento pleno de los reportes por efectos adversos desde principios de enero de 2025.
Esta inacción estatal configuró un paralelismo devastador con las violaciones a las Buenas Prácticas de Fabricación cometidas por los laboratorios privados. Las maniobras irresponsables de ambas partes crearon una tríada letal para los pacientes internados en terapia intensiva o sometidos a cirugías programadas.
Embargos millonarios y juicio oral en puerta
Ante la contundencia de las pruebas recolectadas por peritos de la Corte Suprema, la Justicia dictó el procesamiento de ambas ex funcionarias. Además de la prohibición absoluta para salir del país, el juzgado decretó un embargo histórico por medio billón de pesos para cada una.
La causa cuenta también con 13 ex empleados y directivos farmacéuticos imputados, encabezados por el empresario Ariel García Furfaro. La elevación a juicio oral depende de las resoluciones de la Cámara Federal respecto de las apelaciones presentadas por las defensas técnicas.
Los peritajes microbiológicos realizados por el Instituto ANLIS-Malbrán ratificaron la presencia de bacterias multirresistentes en las muestras analizadas. Los devastadores hallazgos confirmaron que las víctimas inocentes recibieron un sedante altamente tóxico que terminó desencadenando cuadros respiratorios severos e irreversibles.
Con la confirmación de estas graves responsabilidades funcionales, el tribunal cerró la etapa de instrucción sobre la responsabilidad estatal. Las familias de las víctimas aguardan ahora el rápido inicio del juzgamiento oral y público para condenar a todos los culpables de la masacre sanitaria.