El proyecto de Presupuesto 2027 ingresado al Congreso Nacional por el gobierno de Javier Milei plantea en la teoría, una reestructuración en el financiamiento de áreas sociales, educativas y científicas. El texto propone la desregulación del sistema de salud, derogando normativas vinculadas a la emergencia en discapacidad y desarmando programas de asistencia destinados a la niñez. En paralelo al debate legislativo sobre el equilibrio fiscal, los datos de ejecución demuestran una caída sostenida en la cobertura de la seguridad social.
El informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) enciende las alarmas en muchas áreas con respecto al presupuesto 2027. Sin embargo, son particularmente “Niñez” y “Discapacidad” los dos sectores a los que se les ha dictaminado un peor porvenir
Desregulación arancelaria y riesgo en discapacidad
Mientras el Congreso debate la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad, el Ejecutivo busca avanzar con la desregulación del nomenclador nacional.
Actualmente, la ley estipula que los aranceles de las Prestaciones Básicas de Atención Integral deben ser iguales para todas las obras sociales y prepagas, con actualizaciones periódicas.
El nuevo Presupuesto elimina esta obligatoriedad. El texto señala que la universalidad de la atención “no implicará la homogeneidad de aranceles”, delegando en cada ente la potestad de fijar los valores de las prestaciones en el marco de su relación con los profesionales.
El Coordinador del programa Justicia Distributiva, Alejandro Gaggero, analizó el impacto de la medida: “El proyecto elimina la homogeneización en el valor de los aranceles del nomenclador, lo cual genera riesgos en relación a la cobertura de las personas con discapacidad de menores recursos“. A este panorama se suma el desfinanciamiento de la asistencia estatal directa, ya que “el programa Incluir Salud (…) tendría un recorte de casi el 14% respecto al 2026“.
Desde la Asociación Civil de Servicios para la Discapacidad y la Inclusión (Aspredis) señalaron que la iniciativa profundizará la fragmentación del sistema. Carina Leonardi, presidenta de TGD Padres TEA, coincidió mediante una carta abierta: “Ya lo vivimos antes, cuando cada obra social fijaba su propio valor: Iosper, Iosfa, Osecac, cada una con su tarifa, cada una generando una desigualdad que terminaba pagando la familia. No es un ajuste técnico, es un retroceso“.
El regreso al modelo médico y el fin de las pensiones compatibles
El proyecto también reorganiza el esquema de pensiones. El texto reemplaza la “Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social” —asociada al Certificado Único de Discapacidad (CUD)— por una “Pensión No Contributiva por Invalidez laboral”.