La Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocó este viernes el polémico fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien había sobreseído a un adolescente de 14 años y declarado inconstitucional la nueva Ley 27.801 que bajó la edad de imputabilidad.
La resolución, firmada por los camaristas Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca (Sala III), hizo lugar a la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal, reactivando así la investigación por tentativa de robo y disponiendo el apartamiento definitivo de la magistrada original para garantizar la imparcialidad en la continuidad del expediente.
El caso, uno de los primeros en poner a prueba la normativa que rige desde el 5 de septiembre reduciendo la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 14 años, se originó por un intento de asalto en poblado y en banda ocurrido en el barrio de Palermo, donde un hombre de 47 años fue abordado por un grupo de jóvenes.
En su fallo de mayoría, el juez Mahiques determinó que los argumentos utilizados por De Marinis para declarar la inconstitucionalidad de la ley fueron insuficientes y extemporáneos. La Cámara concluyó que la jueza de primera instancia no logró demostrar la existencia de una contradicción concreta entre la norma sancionada por el Congreso y las disposiciones de la Constitución Nacional o los tratados internacionales de derechos humanos.
Además, el tribunal advirtió un error conceptual en el accionar de la magistrada: De Marinis confundió la posibilidad formal de someter a un adolescente al régimen penal con la eventual imposición de una condena privativa de la libertad. Los camaristas recordaron que el nuevo Régimen Penal Juvenil contempla mecanismos alternativos (como medidas socioeducativas, mediación o suspensión a prueba) y señalaron que la situación de vulnerabilidad del menor —argumento utilizado por la jueza para dictar el sobreseimiento— debe ser evaluada en instancias posteriores del proceso para determinar la proporcionalidad de una sanción, pero no justifica declarar inconstitucional una regla general.
Respecto al apartamiento de De Marinis, solicitado expresamente por los fiscales Mauro Andrés Tereszko y Paula Raffa Pirra, la Cámara le dio la razón al Ministerio Público al considerar que la jueza ya había emitido valoraciones anticipadas sobre el grado de ejecución del hecho y su relevancia penal, comprometiendo así la imparcialidad requerida para las siguientes etapas de la investigación.
Con esta resolución, el expediente regresará a la Oficina de Sorteos y Asignación de Causas para designar a un nuevo juez que continúe con el proceso bajo las disposiciones vigentes. Paralelamente, De Marinis deberá enfrentar una denuncia por presunto “mal desempeño” ante el Consejo de la Magistratura porteño, impulsada recientemente por el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia.