El ex diputado viajó ayer a España por tres meses. Mientras, la Justicia mantiene la imputación por lesiones y la defensa de su pareja presentó una nueva apelación para levantar la restricción de acercamiento, exigiendo que se respete el derecho de la víctima a ser escuchada y a decidir sobre sus propios vínculos.
La causa por violencia de género que involucra al ex diputado nacional Juan Facundo Moyano y su pareja, Candela Arizaga, continúa sumando episodios que complejizan el panorama judicial. A pesar de que el dirigente sindical se encuentra de viaje en España desde hace tres meses, la Justicia mantiene su imputación por los delitos de lesiones (artículos 89, 90 y 91, agravantes). En este contexto, la defensa de la joven ha presentado, por tercera vez consecutiva, un recurso de apelación para intentar revertir las medidas restrictivas impuestas por el Ministerio Público Fiscal.
Arizaga, de 25 años, argumenta a través de su abogado patrocinante, Roberto Carlos Herrera, que la prohibición de acercamiento y comunicación vigente afecta directamente su vida personal y su voluntad, limitando su capacidad de decidir sobre sus propios vínculos. El letrado, según consta en el recurso presentado el 25 de septiembre ante el Juzgado de 1ª Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 4, enfatiza que la medida, si bien fue dictada contra el imputado, repercute de manera innegable en la esfera de derechos de la víctima.
“La circunstancia de que la medida haya sido promovida o dispuesta de oficio por el Ministerio Público Fiscal no transforma a la víctima en un tercero ajeno a sus consecuencias”, detalla el escrito judicial. El reclamo se fundamenta en los incisos j) y k) del artículo 40 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que garantizan el derecho de la víctima a ser escuchada antes de decisiones que impliquen medidas de coerción y a ser notificada de las mismas.
Herrera cuestiona la resolución judicial que denegó el pedido anterior, argumentando que se le exige a Arizaga constituirse como querellante, un requisito que la ley no impone para el ejercicio de sus derechos. “No se pretende, por esta vía, que el órgano jurisdiccional disponga automáticamente el levantamiento de la medida, sino que se permita a la víctima ejercer su derecho a ser oída y que, con intervención de las partes que corresponda, se evalúe judicialmente la necesidad, razonabilidad, alcance y modalidad actual de la restricción”, aclara el abogado.
La defensa solicita que la Cámara de Apelaciones fije una audiencia para que Arizaga pueda exponer personalmente sus motivos para levantar la perimetral, argumentando que las circunstancias actuales del caso lo ameritan. Además, la presentación se apoya en la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que establece el derecho de las víctimas a ser escuchadas y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta en las decisiones judiciales.
La situación procesal de Facundo Moyano se encuentra estancada mientras se resuelve este nuevo recurso. El hijo de Hugo Moyano, histórico líder sindical, se encuentra en Madrid, España, desde hace tres meses, por lo que su participación en el proceso se encuentra limitada. La decisión de la Cámara de Apelaciones será clave para determinar si se levantan o no las restricciones, y si Candela Arizaga podrá finalmente tener un contacto directo con el imputado, o si la Justicia ratifica la necesidad de mantener las medidas de protección. El caso sigue generando debate sobre la aplicación de las perimetrales, especialmente cuando la propia víctima solicita su levantamiento, y las tensiones entre los derechos de las víctimas y las medidas de prevención de la violencia de género.
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El ex diputado viajó ayer a España por tres meses. Mientras, la Justicia mantiene la imputación por lesiones y la defensa de su pareja presentó una nueva apelación para levantar la restricción de acercamiento, exigiendo que se respete el derecho de la víctima a ser escuchada y a decidir sobre sus propios vínculos.
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