El Gobierno británico rechazó el pedido de arbitraje presentado por Argentina para paralizar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas, defendió los derechos de los isleños y advirtió que la medida condiciona la relación bilateral entre ambos países.
La respuesta fue difundida por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado del Foreign Office para los Territorios de Ultramar, luego de que Buenos Aires notificara a Londres el inicio del procedimiento previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
En un comunicado, Kumaran calificó la decisión argentina como “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida” de los habitantes de las islas. Sostuvo que los isleños “han elegido libre y democráticamente su futuro” y tienen derecho a desarrollar y administrar sus recursos naturales “sin intimidación, coacción o interferencia” de terceros.
El Gobierno británico afirmó que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de las islas están reguladas por la legislación local y se desarrollan “en pleno cumplimiento del derecho internacional, incluida la CONVEMAR“.
Kumaran señaló que esta semana Londres transmitió su posición al embajador argentino en el Reino Unido y cuestionó las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei contra la actividad económica vinculada con los hidrocarburos.
Según la funcionaria, esas acciones constituyen intentos deliberados de afectar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado. La ministra agregó que el accionar argentino “plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido” y reafirmó el respaldo británico al Gobierno de las islas y a sus habitantes.
La declaración se conoció el mismo día en que la empresa Rockhopper ratificó que mantiene sus planes para avanzar con Sea Lion pese a las medidas impulsadas por la Argentina. La petrolera británica posee el 35% del proyecto, mientras que el 65% restante está en manos de la israelí Navitas Petroleum, que opera el desarrollo.
En su informe semestral, Rockhopper confirmó que el objetivo continúa siendo alcanzar la primera producción de petróleo durante el primer trimestre de 2028. Samuel Moody, director ejecutivo de la compañía, destacó el “continuo y firme respaldo” de los gobiernos del Reino Unido y de las islas. Señaló además que la empresa cuenta con financiamiento para avanzar hasta la primera producción.
La compañía indicó que las recientes medidas del Gobierno argentino generaron una mayor atención política y mediática, pero sostuvo que no espera que tengan un efecto material sobre las actividades de desarrollo ni sobre el cronograma de Sea Lion. Navitas también mantiene la posición de que las licencias petroleras fueron otorgadas legalmente por las autoridades de las islas.
Sea Lion dejó de ser un proyecto exploratorio. Las compañías adoptaron la decisión final de inversión y prevén que la primera producción comience en 2028. El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
Su primera etapa contempla perforaciones submarinas y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.
El Gobierno de Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR. El Ejecutivo intimó al Reino Unido a que adopte, en el plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas.
El canciller, Pablo Quirno, confirmó que la Argentina ya notificó formalmente a Londres. El objetivo inmediato no es aguardar la resolución de fondo, que puede extenderse durante años, sino solicitar una medida provisional ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el avance del proyecto mientras se constituye el tribunal arbitral.
La Casa Rosada sostiene que la explotación de hidrocarburos supone el uso irreversible de recursos no renovables. Ese argumento será central para fundamentar la urgencia de una eventual cautelar.
Si el Reino Unido mantiene su postura una vez vencido el plazo fijado por el Gobierno argentino, Buenos Aires buscará que el Tribunal dicte una medida provisional que detenga o condicione el avance de Sea Lion mientras sigue el arbitraje.
La controversia tendrá un plano político y diplomático, con la histórica reivindicación argentina de soberanía frente a la defensa británica de la autodeterminación, y otro jurídico. En este último, deberá definirse hasta dónde puede intervenir el sistema de solución de controversias de la CONVEMAR ante actividades hidrocarburíferas en espacios marítimos vinculados con una disputa de soberanía.
La Argentina invoca resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la controversia y llaman a evitar modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente una solución negociada. Londres rechaza esa lectura y sostiene que la explotación de recursos integra el derecho de autodeterminación de los isleños.
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