La mujer de 87 años falleció este miércoles en Madrid, dos semanas después de ser desalojada de la vivienda donde vivió durante siete décadas. Su caso impulsó protestas y un acuerdo que llegó demasiado tarde.
La mujer de 87 años falleció este miércoles en Madrid, dos semanas después de ser desalojada de la vivienda donde vivió durante siete décadas. Su caso impulsó protestas y un acuerdo que llegó demasiado tarde.
María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, murió este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, según informó el Sindicato de Inquilinas junto con su familia y su abogada. Tenía 87 años y permanecía hospitalizada desde el 23 de septiembre, cuando fue desalojada de su vivienda del distrito de Retiro.
La mujer había vivido durante 70 años en el piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda. El lanzamiento se concretó después de un prolongado conflicto judicial relacionado con un contrato de alquiler de renta antigua, firmado originalmente por su padre en 1956 y subrogado después a su madre y a ella.
Tras el desalojo, los sanitarios del Samur trasladaron a Maricarmen en camilla al Hospital Gregorio Marañón. Ante el inmueble se habían concentrado vecinos y activistas que intentaron impedir el procedimiento y reclamaron una solución habitacional para la mujer, que tenía movilidad reducida y una discapacidad del 50%.
Según las fuentes citadas, Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales entre el alquiler y las facturas. Su pensión era de 1.400 euros. La empresa Urbagestión, propietaria del inmueble, consideró extinguido el contrato después de las subrogaciones y reclamó la firma de un nuevo acuerdo.
La compañía había ofrecido un alquiler de entre 1.600 y 1.650 euros mensuales, una suma que la mujer no podía afrontar. También se mencionó la posibilidad de comprar la vivienda, pero Maricarmen tampoco pudo acceder a esa alternativa. La negociación se extendió durante años y el desalojo se concretó en el cuarto intento.
El caso había comenzado varios años antes, luego de que la empresa adquiriera el piso. La situación generó propuestas de negociación de su abogada, del Ministerio de Vivienda y de particulares que se ofrecieron a cubrir parte del alquiler, pero ninguna permitió evitar el lanzamiento.
Cinco días después del desalojo, los representantes de Maricarmen y Urbagestión alcanzaron un acuerdo con mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). El pacto contemplaba un nuevo contrato de alquiler por ocho años y una renta que no superaría el 30% de sus ingresos netos, estimada en unos 500 euros mensuales.
Maricarmen aceptó la propuesta el 29 de septiembre desde el hospital. Estaba previsto que regresara a su vivienda después de recibir el alta médica, pero nunca pudo concretar ese regreso. El Sindicato de Inquilinas calificó el acuerdo como “histórico”, aunque sostuvo que la solución llegó demasiado tarde.
El desalojo provocó concentraciones en Madrid y, posteriormente, movilizaciones en otras ciudades españolas. Las protestas desembocaron en una acampada en la Puerta del Sol, donde los manifestantes utilizaron el lema “Todos somos Maricarmen”.
Su historia también quedó vinculada a la aprobación de dos decretos sobre vivienda que fueron posteriormente rechazados por el Congreso, según las fuentes proporcionadas. El Sindicato de Inquilinas relacionó además las movilizaciones con el adelanto electoral y la convocatoria de una huelga general.
Desde el hospital, Maricarmen había pedido cambios para evitar que otras personas atravesaran una situación similar. “Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas”, había expresado.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, envió sus condolencias a la familia y a los allegados de la mujer. La ministra de Sanidad, Mónica García, destacó que su lucha había “despertado conciencias en toda España”. La eurodiputada Irene Montero, en tanto, definió su muerte como un “asesinato”, una calificación política que no fue acompañada en las fuentes por una determinación judicial sobre las causas del fallecimiento.
Maricarmen nació en una familia vinculada al barrio de Ibiza. En 1956, su padre alquiló el piso en el que ella vivió junto con su madre y su hermano. Estudió taquimecanografía y secretariado, trabajó durante 34 años como secretaria del consejo de administración de una empresa farmacéutica y se jubiló en 1998.
Durante sus últimos años, necesitó una silla de ruedas y ayuda para las tareas diarias. Antes del desalojo, explicó que cada objeto de la vivienda estaba relacionado con un recuerdo familiar. También contó que su padre había muerto en 1960 y que su madre había fallecido en 2005, ambos en esa casa.
“Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”, repetía Maricarmen a los integrantes del Sindicato de Inquilinas. Su muerte cerró una historia personal que se convirtió en un reclamo colectivo, mientras el conflicto por el acceso a la vivienda continúa abierto en España.
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