El Poder Ejecutivo presentará en los próximos días una apelación formal contra la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11. El fallo declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, dispositivo mediante el cual la administración nacional promulgó la Ley de Financiamiento Universitario pero supeditó su ejecución a que el Congreso de la Nación determinara las fuentes de financiamiento.
La estrategia jurídica fue diseñada por la Procuración del Tesoro de la Nación, conducida por Sebastián Amerio. Fuentes oficiales de la Casa Rosada confirmaron que no convocarán a mesas de negociación política con los rectores, centrando la controversia exclusivamente en los tribunales de justicia.
Argumentos del fallo judicial
En su resolución, el juez Martín Cormick hizo lugar a las acciones de amparo presentadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El magistrado consideró que el condicionamiento oficial funcionó en los hechos como un mecanismo de bloqueo frente a una norma ratificada por ambas cámaras legislativas mediante mayorías agravadas, luego del veto presidencial.
El fallo ordenó la ejecución inmediata de la ley para cubrir gastos de funcionamiento, recomposición salarial, investigación, becas y hospitales universitarios.
Asimismo, la sentencia señaló que la propia norma autoriza la reasignación de partidas presupuestarias y el uso de excedentes de recaudación corriente, mecanismos utilizados por la administración central en distintas oportunidades durante el ejercicio financiero.
Conflicto por el impacto en las cuentas públicas
La representación legal del Estado argumentó durante el proceso que la aplicación de la norma representaría una erogación superior a un billón de pesos, monto que según la Oficina de Presupuesto del Congreso equivale al 0,23% del Producto Interno Bruto (PIB). Desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que la partida comprometería el equilibrio fiscal si el Parlamento no aprueba reasignaciones específicas.
Posteriormente, las autoridades nacionales argumentaron haber cumplido parcialmente con la ley mediante acuerdos salariales previos del 24,33% y aumentos adicionales. Sin embargo, el juzgado rechazó dichas justificaciones al considerar no acreditada la recomposición según las pautas fijadas por el cuerpo legislativo.
Escalada legislativa y medidas de fuerza
Paralelamente, el conflicto se trasladó a la discusión sobre el proyecto de Presupuesto. Mientras la propuesta del Ejecutivo asignó 7,349 mil millones de pesos para las universidades nacionales, las autoridades académicas solicitaron un monto cercano a los 11 mil millones para garantizar la operatividad institucional.
Dirigentes del Consejo Interuniversitario Nacional y gremios docentes ratificaron la realización de la Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. La resolución definitiva quedará en manos de la Cámara Federal, mientras la oposición busca tratar la partida presupuestaria en sesiones especiales de la Cámara de Diputados.