Capital Humano intervino la Secretaría de Educación para clausurar el diálogo con los universitarios

El Ministerio de Capital Humano intervino de manera directa para abortar cualquier intento de negociación con los estudiantes universitarios que ingresaron al hall del Palacio Pizzurno. Durante la protesta en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la actualización de las Becas Progresar, la ministra Sandra Pettovello clausuró intempestivamente una reunión que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, había iniciado con los representantes estudiantiles.

El encuentro duró apenas cinco minutos. Según el relato de los manifestantes, Torrendell recibió un llamado de la ministra en el que le exigió a los gritos que abandonara la mesa de diálogo. Tras un primer intento del secretario por retomar la conversación, un funcionario del área de Legales de Capital Humano ingresó al despacho, le indicó que no tenía autorización para negociar y lo retiró físicamente del lugar.

La estrategia de confrontación del Ejecutivo se profundizó con la posterior intervención del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “El Gallego” Álvarez. En lugar de encauzar el reclamo, el funcionario se presentó ante los estudiantes, los increpó verbalmente mientras su equipo de comunicación grababa un video de 30 segundos, y se retiró de inmediato. Frente a esta secuencia, las referentes estudiantiles calificaron el accionar institucional como un “papelón” y señalaron que el episodio expuso la falta de autonomía de Torrendell dentro de su propia cartera.

La escalada del conflicto en el edificio de la calle Pizzurno se inscribe en un marco de fuerte tensión judicial y política. La protesta estudiantil ocurrió un día después de que el Gobierno nacional anunciara la apelación al fallo del juez Martín Cormick. Este magistrado había declarado inconstitucional el decreto presidencial que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Estado girar de manera “inmediata” los fondos correspondientes a las casas de altos estudios.

Lejos de habilitar una vía de acercamiento, la administración central endureció su respuesta oficial. El Ministerio de Capital Humano emitió un duro descargo en el que calificó la acción estudiantil de “violenta” y adelantó que presentará una denuncia judicial para evaluar responsabilidades y presuntos daños al patrimonio público.

En un mensaje alineado con la postura de “tolerancia cero” del Gobierno, Pettovello justificó la negativa a dialogar: “No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta. El derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones”.