En rechazo al DNU 70/23, los trabajadores de ATE concretarán un paro nacional este jueves 15 de octubre. La medida afectará dependencias estatales de todo el país y coincidirá con la protesta universitaria frente al Congreso.
En rechazo al DNU 70/23, los trabajadores de ATE concretarán un paro nacional este jueves 15 de octubre. La medida afectará dependencias estatales de todo el país y coincidirá con la protesta universitaria frente al Congreso.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) formalizó la convocatoria a una jornada nacional de protesta de 24 horas para este jueves 15 de octubre. La medida de fuerza incluirá paros, asambleas y movilizaciones en la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados, provincias y municipios de todo el territorio argentino.
En la Ciudad de Buenos Aires, los manifestantes concentrarán desde las 13:30 en la Plaza del Congreso. La protesta coincidirá con la Marcha Federal Universitaria y con la sesión especial convocada a las 14 en la Cámara de Diputados para debatir el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 (DNU 70/23).
La conducción sindical presentó la notificación oficial ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano. El documento firmado por el secretario general Rodolfo Aguiar y la secretaria general adjunta Mercedes Cabezas ratificó el reclamo contra la desregulación económica.
El titular del gremio cuestionó severamente la herramienta legislativa utilizada por el Poder Ejecutivo para modificar el marco regulatorio del país. “No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
Al fundamentar la medida de fuerza, el dirigente sostuvo que la normativa vulnera derechos laborales e institucionales. “Este DNU no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita”, declaró el referente sindical a través de sus canales oficiales.
Aguiar contrapuso la iniciativa oficial con el funcionamiento del Poder Legislativo y rechazó el carácter de urgencia de la medida. “Desde que asumió Milei nunca existió ni necesidad ni urgencia. La Constitución Nacional le prohíbe expresamente al presidente legislar y, si lo hace, debe ser declarado nulo de nulidad absoluta”, enfatizó.
El dirigente remarcó el impacto de la medida sobre la legislación vigente y las empresas públicas. “Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo”, aseveró.
El funcionamiento de los servicios públicos registrará interrupciones y demoras durante toda la jornada. La organización sindical confirmó que solo garantizarán guardias mínimas en los centros asistenciales de salud y atención de urgencias para niños, adolescentes y adultos mayores.
Las prestaciones con restricciones abarcan la recolección de residuos, auxiliares escolares, guardias urbanas y los controles fronterizos de Migraciones. Paralelamente, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) resentirá las inspecciones en puertos y aduanas.
En el área del transporte, la medida afectará las tareas en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y las operaciones de los controladores aéreos. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) mantendrá operativos únicamente los vuelos sanitarios y oficiales.
Organismos nacionales como la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) atenderán de forma exclusiva situaciones de emergencia. La protesta involucra también a radiooperadores de medios públicos, brigadistas de incendios forestales y personal de plantas nucleares.
El reclamo gremial busca impulsar la derogación del DNU 70/23 en el Congreso de la Nación. El Senado rechazó la normativa en marzo de 2024, por lo que una votación negativa en Diputados dejaría sin efecto el decreto presidencial.
El temario de la sesión especial impulsada por el peronismo, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y la izquierda incluye también iniciativas sobre endeudamiento familiar y la Emergencia Nacional en Discapacidad. La bancada opositora necesitará reunir 129 legisladores para obtener el quórum.
El conflicto suma un antecedente en el Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar interina que suspendió los efectos del artículo 154 del decreto y restableció transitoriamente la Ley de Tierras, la cual limita la venta de inmuebles rurales a capitales extranjeros.
La jornada de protesta unificará las demandas de los empleados públicos con los reclamos del sistema universitario. Comunidades académicas, rectores y gremios docentes marcharán al Congreso para exigir la recomposición salarial, el financiamiento universitario y la actualización de becas.
Cada representación provincial de ATE determinará la modalidad de las movilizaciones y concentraciones en el interior del país. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos verificar previamente la reprogramación de turnos y gestiones administrativas antes de acudir a las dependencias oficiales.
El desarrollo de la sesión en la Cámara de Diputados definirá la continuidad jurídica del decreto, mientras el Poder Ejecutivo busca sostener los acuerdos parlamentarios que impidan la consolidación del rechazo legislativo. El desenlace institucional y el acatamiento del paro marcarán el alcance final de la jornada de protesta.
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