Un tribunal de San Isidro fijó la pena máxima prevista en el nuevo Régimen Penal Juvenil para los dos jóvenes que mataron al comerciante en 2022 para robarle la motocicleta en la autopista Panamericana.
Un tribunal de San Isidro fijó la pena máxima prevista en el nuevo Régimen Penal Juvenil para los dos jóvenes que mataron al comerciante en 2022 para robarle la motocicleta en la autopista Panamericana.
El Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro aplicó una pena de 15 años de cárcel a los dos jóvenes declarados culpables por el homicidio del empresario agropecuario Andrés Blaquier. Los jueces Alejandro Flori, Silvia Chomiez y Silvina Coto dictaron el veredicto en la instancia de cesura, fijando la sanción máxima que establece la reciente legislación para delitos cometidos por personas menores de 18 años.
El expediente acreditó que el hecho ocurrió el 29 de octubre de 2022 en el kilómetro 50 de la autopista Panamericana, a la altura de Pilar. Blaquier, de 62 años, transitaba junto a su esposa Magdalena De Elordy en una motocicleta BMW 1200 cuando fue interceptado por dos asaltantes a bordo de otro vehículo robado. Durante la maniobra, uno de los delincuentes disparó un arma calibre nueve milímetros contra el pecho del conductor con el objetivo de consumar el robo.
A raíz del impacto, la víctima sufrió un shock hipovolémico que le provocó la muerte minutos después. Por su parte, De Elordy padeció la fractura de su rótula izquierda al caer sobre la cinta asfáltica. Distintas cámaras de seguridad registraron el ataque y la posterior huida de los agresores, elementos probatorios que permitieron la detención de los sospechosos en noviembre de aquel año.
Durante el desarrollo del debate oral en octubre de 2023, la Justicia declaró a los dos primos responsables penalmente de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causae. Sin embargo, la definición de la condena permaneció pendiente hasta la entrada en vigencia del nuevo Marco Legal de Responsabilidad Penal Juvenil.
La Ley 27.801 introdujo la reducción de la edad de imputabilidad a catorce años, pero de manera paralela fijó un techo de 15 años de prisión para cualquier tipo de delito cometido por menores de edad. Esta disposición normativa impidió que el tribunal concediera el pedido de 25 años de cárcel solicitado por los abogados de la familia Blaquier.
En la jornada judicial, la representación legal de la querella, a cargo del abogado Ramiro Salaber, cuestionó el tope punitivo contemplado en el texto normativo. Salaber argumentó que fijar el mismo límite máximo para múltiples delitos graves genera insatisfacción en las víctimas de hechos violentos y modifica las escalas tradicionales del derecho penal.
Por su parte, la fiscal del caso, Paula Romeo, manifestó conformidad con el fallo al considerar que el razonamiento de los magistrados cuenta con fundamentos sólidos. Romeo señaló que la causa visibiliza una problemática social vinculada con la deserción escolar, la falta de documentación y la presencia de armas en manos de jóvenes vulnerables.
Durante la última audiencia, los dos condenados solicitaron el uso de la palabra para expresar disculpas a la familia Blaquier. No obstante, los allegados al empresario manifestaron sus dudas respecto de la autenticidad del gesto manifestado en la sala.
En la actualidad, los dos sancionados alcanzaron la mayoría de edad y permanecen alojados en un establecimiento penitenciario para jóvenes adultos. Fuentes judiciales indicaron que la conducta registrada durante su estancia en institutos de menores, que incluyó intentos de evasión, resultará un factor determinante al momento de evaluar eventuales solicitudes de libertad condicional tras cumplir dos tercios de la condena.
El caso reabrió la discusión sobre los alcances del sistema sancionatorio juvenil y el equilibrio entre la reinserción social y el resarcimiento a las víctimas de hechos delictivos. ¿Constituye la fijación de límites penales máximos una herramienta efectiva para la rehabilitación de los menores o limita la capacidad de la Justicia para responder ante delitos de extrema gravedad?
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