Hernán Casciari y su productora Orsai quedaron bajo investigación penal en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, tras la denuncia de aportantes que reclaman por el destino de fondos invertidos en producciones de cine.
Hernán Casciari y su productora Orsai quedaron bajo investigación penal en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, tras la denuncia de aportantes que reclaman por el destino de fondos invertidos en producciones de cine.
Un grupo de 18 socios productores denunció penalmente al escritor y empresario Hernán Casciari por presuntas irregularidades en la administración de los fondos recopilados para las producciones de la empresa Orsai Audiovisuales.
La presentación judicial recayó en el Juzgado Criminal y Correccional N° 34 y quedó a cargo de la Fiscalía N° 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La causa busca determinar si existió el delito de estafa, administración fraudulenta o malversación de recursos privados en un esquema de financiamiento colectivo que involucró a miles de pequeños inversores.
La periodista Marina Calabró dio detalles en el ciclo televisivo Primicias Ya sobre el mecanismo utilizado por la empresa y el alcance de las acusaciones presentadas ante los tribunales.
Según expuso la comunicadora, el modelo impulsado por la productora desde 2020 promovía la compra de títulos o bonos para financiar largometrajes sin recurrir a subsidios oficiales ni a los esquemas tradicionales de la industria.
La propuesta prometía a los aportantes el acceso a balances desglosados, presupuestos independientes y una distribución proporcional de las utilidades comerciales. Sin embargo, diversos aportantes comenzaron a solicitar rendiciones detalladas con comprobantes respaldatorios ante los resultados negativos presentados en los balances de las últimas obras.
Entre los puntos centrales planteados por la querella destaca la utilización de dinero acumulado para una película en la cobertura de costos de producciones diferentes.
De acuerdo con el testimonio brindado a la prensa por el abogado querellante Ariel Gil Ces, los inversores aportaban capital para proyectos específicos sin autorizar el traspaso de esos recursos hacia otros rodajes. El letrado sostuvo que la rendición presentada en planillas de cálculo no contenía documentación respaldatoria verificable sobre el destino final de las divisas.
Las diferencias entre las expectativas iniciales y los retornos informados por la empresa motivaron los reclamos formales. El socio productor Luis Salvatto afirmó haber destinado USD 2.500 repartidos entre las películas Canelones y La Muerte de un Comediante.
Según su testimonio, tras solicitar explicaciones por los bajos rendimientos, recibió hasta el momento una devolución de USD 56,40, cifra equivalente al 2,25% del monto aportado. Un caso similar expuso Facundo Pedrotti, quien invirtió USD 850 en los mismos proyectos y únicamente percibió una liquidación de USD 9,87.
Paralelamente, otros proyectos generaron malestar por decisiones vinculadas a la exhibición. La socia productora Lilian Bouzas, participante en los filmes Sola en el Paraíso y La Muerte de un Comediante, cuestionó que el primer proyecto, cuyo presupuesto registrado alcanzó los USD 90.007,16, terminara publicado gratuitamente en plataformas digitales sin la previa consulta a los aportantes, situación que anuló cualquier posibilidad de recuperar el capital original.
Por su parte, la realización de La Muerte de un Comediante, dirigida y protagonizada por Diego Peretti, requirió una inversión superior a USD 1,8 millones en su rodaje en Bruselas, pero los informes posteriores reportaron pérdidas absolutas.
La periodista Marina Calabró detalló además que la difusión mediática de las iniciativas contó en su momento con el respaldo y la participación activa de figuras públicas como los conductores Andy Kusnetzoff y Darío Barassi, además de intérpretes como Justina Bustos y Diego Peretti.
La querella evalúa el nivel de responsabilidad de estas personalidades en la convocatoria a los inversores, aunque por el momento la investigación judicial se enfoca en la responsabilidad legal del titular de la empresa.
Hasta la fecha de la presentación judicial, el promotor del proyecto no emitió declaraciones oficiales tras las consultas periodísticas sobre la denuncia formal presentada ante los tribunales capitalinos.
La investigación judicial deberá determinar si las falencias operativas y contables reportadas por los denunciantes constituyen un delito penal o si se inscriben dentro de los riesgos comerciales propios de la actividad audiovisual.
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