En la zona rural de Nariño, Colombia, el colapso de un yacimiento de oro a cielo abierto causó la muerte de 14 mineros artesanales, en su mayoría madres de familia, y dejó siete lesionados durante la jornada laboral del lunes.
En la zona rural de Nariño, Colombia, el colapso de un yacimiento de oro a cielo abierto causó la muerte de 14 mineros artesanales, en su mayoría madres de familia, y dejó siete lesionados durante la jornada laboral del lunes.

En el sector rural de Chambero, municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, un desprendimiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto cobró la vida de 14 personas y dejó siete heridas. El suceso ocurrió aproximadamente a las 8:30 de la mañana, cuando unos 30 trabajadores realizaban labores de extracción artesanal.
El balance oficial de las autoridades locales confirmó que 12 de las 14 víctimas mortales eran mujeres dedicadas al barequeo. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, explicó que la mayoría de las fallecidas eran madres cabezas de familia que acudían al yacimiento para garantizar el sustento diario de sus hogares.
Las labores de auxilio iniciales fueron asumidas por los propios pobladores y sobrevivientes, quienes removieron toneladas de lodo y piedras con herramientas manuales y maquinaria pesada presente en el lugar. Tras la recuperación de los cuerpos, 13 fueron trasladados al casco urbano de Iscuandé y uno al municipio de Guapi, de donde era originario. Entre las víctimas se registraron ciudadanos procedentes de los departamentos de Cauca y Chocó.
El siniestro dejó además siete personas lesionadas, cuatro de ellas en estado crítico, incluyendo a dos mujeres. La geografía del Pacífico Nariñense complicó las tareas de atención, debido a la ausencia de vías de acceso terrestre hacia la mina.
La evacuación de los afectados requirió traslados iniciales en motocarros y embarcaciones por vía fluvial y marítima. Estos trayectos hacia los centros médicos más cercanos pueden extenderse entre tres y cuatro horas. Ante la gravedad de los heridos, la Gobernación de Nariño solicitó apoyo aéreo a la Fuerza Aérea Colombiana para posibilitar remisiones de urgencia hacia Tumaco o Pasto.
Paralelamente, la Defensoría del Pueblo pidió evaluar el despliegue del buque hospital Benkos Biojó, acantonado en Guapi, para reforzar la atención sanitaria en la zona. La entidad defensora y la Agencia Nacional de Minería advirtieron que los riesgos climáticos y la presencia de grupos armados en el territorio representan obstáculos adicionales para el ingreso de equipos especializados.
Esta tragedia representa el segundo hecho mortífero en minas de la región en dos meses, tras el fallecimiento de 13 personas en Policarpa durante agosto. Con este antecedente, las víctimas por emergencias en yacimientos informales en el departamento ascienden a 27 en dicho periodo.
El mandatario departamental hizo un llamado al Gobierno nacional, a la Agencia Nacional de Minería y al Ministerio de Minas y Energía para agilizar los trámites de titulación y licencias. Según indicó la autoridad regional, existen más de 180 solicitudes de títulos mineros represadas desde hace años en la zona.
La formalización busca que la pequeña minería se desarrolle bajo acompañamiento técnico y normas de seguridad adecuadas. Las comunidades locales encuentran en la extracción artesanal una de sus pocas opciones de ingreso, en un contexto de limitada oferta laboral.
El acontecimiento en Santa Bárbara de Iscuandé plantea interrogantes sobre la celeridad que requieren las políticas de formalización minera en los territorios rurales. La adopción de medidas técnicas oportunas definirá si es posible garantizar condiciones de trabajo seguras para las comunidades que dependen de esta actividad en el país.
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