ANDIS: piden la indagatoria de los dueños de Suizo Argentina por millonarios sobreprecios

Jonathan y Emmanuel Kovalivker están acusados de liderar un esquema de compras direccionadas y cartelización de medicamentos junto a otras 14 firmas. La Justicia también solicitó ampliar la declaración del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.

El escándalo por las millonarias irregularidades en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma un nuevo y explosivo capítulo judicial. Los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron formalmente citar a declaración indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la poderosa droguería Suizo Argentina, en el marco de la megacausa que investiga una gigantesca red de corrupción, sobreprecios y pago de sobornos enquistada en el organismo estatal.

El requerimiento de la fiscalía no se detiene únicamente en la cúpula de la empresa. La solicitud alcanza a otros cuatro altos directivos de la compañía y a los representantes legales de otras 14 droguerías que, de acuerdo con la sólida acusación del Ministerio Público, formaron parte activa de un esquema delictivo diseñado para direccionar compras públicas. Asimismo, los fiscales pidieron ampliar las indagatorias del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, del exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, del empresario Miguel Ángel Calvete, de Pablo Atchabahian y de Andrés Horacio Arnaudo, actual presidente de la firma Génesis.

En un exhaustivo y detallado dictamen de más de 300 páginas, Picardi y Rodríguez explicaron cómo Suizo Argentina habría monopolizado y controlado de manera ilícita las millonarias compras de medicamentos de alto costo correspondientes al Programa Federal Incluir Salud. Según los datos que obran en el expediente, durante el período comprendido entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la firma de la familia Kovalivker obtuvo órdenes de compra por la asombrosa suma de $137.118 millones, acaparando cerca del 30% del total de las erogaciones de la agencia estatal en esa ventana de tiempo.

La acusación fiscal plantea un escenario de extrema gravedad institucional: las maniobras detectadas excedieron largamente el simple direccionamiento de contrataciones puntuales. Los investigadores comprobaron que la empresa intervenía directamente en las decisiones del organismo, accedía a información confidencial de forma anticipada y coordinaba a dedo qué proveedores resultarían ganadores en las distintas compulsas de precios que simulaban ser transparentes.

Además de los hermanos Kovalivker, la Justicia tiene en la mira a toda la línea gerencial y operativa de la empresa. Se pidió indagar al director de Compras, Diego Viner; al director de Asuntos Corporativos, Sebastián Nuner Uner; al gerente de la División Tratamientos Especiales, Gonzalo Zarbo, y al coordinador de esa área, Fernando Domínguez. De acuerdo con la reconstrucción del caso, esta cúpula recibía datos clave por parte de los funcionarios públicos antes del cierre de las licitaciones, fijaba los precios del mercado y hasta llevaba una planilla paralela con los montos y porcentajes de facturación asignados a cada proveedor del cartel.

El “doble pacto” y un escandaloso sobreprecio de 42 veces su valor

La fiscalía describió la operatoria como un “doble pacto” criminal. Por un lado, se selló un acuerdo oscuro con funcionarios que garantizaban el flujo de información privilegiada y el control absoluto de las contrataciones. Por el otro, se articuló una red con droguerías competidoras (como Dihemo, Meta, Scienza Argentina y Del Sud, entre otras) que debían someterse a la distribución de negocios orquestada por Suizo Argentina. En esta estructura, Pablo Atchabahian funcionaba como operador de la empresa y nexo directo con el funcionario Garbellini. Un mensaje interceptado en la causa expone la impunidad con la que operaban desde las sombras: “Frena y dormí los pagos de Dihemo lo más que se pueda, están jugando mal”, le ordenó Atchabahian a Garbellini para castigar a una firma.

Para graficar el brutal perjuicio económico contra el Estado Nacional, los fiscales incorporaron un ejemplo alarmante. En julio de 2024, Suizo Argentina adquirió un medicamento destinado al tratamiento de la esclerosis múltiple a un costo de $92.000 por unidad. Al momento de cotizarlo para el Gobierno, un directivo le indicó explícitamente a su equipo: “[El precio] lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”. El resultado fue devastador para las arcas públicas: la ANDIS terminó pagando entre $3.870.392 y $4.063.912 por unidad, es decir, unas 42 veces más que el costo real de adquisición.

Para concretar una parte de estas maniobras, Suizo Argentina utilizó a la firma Génesis como empresa intermediaria, logrando incrementos de facturación que superaron cómodamente el 200%. Vinculada a Atchabahian, Génesis pasó de tener una actividad comercial prácticamente nula en 2023 a facturar $34.066 millones entre 2024 y 2025, ubicándose en el top 10 de proveedores del Estado.

Sobornos internacionales: viajes a Israel y bolsos con dólares

El dictamen judicial dedica un capítulo especial a los retornos ilícitos y sobornos. Además de los pagos en efectivo descubiertos en etapas previas de la investigación, se determinó que el empresario Miguel Ángel Calvete le habría financiado un viaje VIP a Israel a Diego Spagnuolo en noviembre de 2024. Este soborno en especie cubrió costosos pasajes aéreos, estadías en hoteles de lujo y servicios exclusivos de atención al viajero coordinados directamente por la secretaria del empresario. A su vez, los fiscales detectaron que la cúpula de Suizo Argentina le transfirió a Calvete más de US$54.000 durante ese mismo año, sin ningún tipo de justificación comercial o servicio prestado que avalara el movimiento de divisas.

Este nuevo e inmenso pedido de indagatorias se suma a la ya de por sí complicada situación procesal de los involucrados. Cabe recordar que el pasado 22 de septiembre, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Spagnuolo y otros 18 imputados por irregularidades similares. Pocas semanas después, el 16 de octubre, el juez federal Ariel Lijo volvió a procesar al exdirector de la ANDIS por la compra fraudulenta de prótesis, materiales quirúrgicos y sillas de ruedas motorizadas a través del mismo programa estatal.

Acorralados por el cúmulo de pruebas, los dueños de Suizo Argentina habían intentado invalidar todo el expediente el año pasado bajo argumentos procedimentales, pero sus pedidos de nulidad fueron categóricamente rechazados por el entonces juez de la causa, Sebastián Casanello, dejando el camino completamente despejado para que la Justicia avance hacia las indagatorias.

Nota escrita por:

Esta nota se actualizó a las:

Te recomendamos...