El antecedente que impulsó los allanamientos
La pesquisa tiene como antecedente el testimonio de una mujer de 36 años originaria de Rosario. La víctima había viajado a Mendoza engañada por una falsa propuesta de trabajo.
Durante su permanencia en la provincia, la joven perdió el control de sus documentos, dinero y teléfono. Su familia la buscó durante un año sin obtener resultados precisos.
En 2025, la víctima logró escapar del domicilio y contactar a sus allegados. Su abuela facilitó los medios económicos para concretar su regreso a la ciudad santafesina.
La declaración de la sobreviviente en Rosario permitió reconstruir el entramado inicial del caso. La presentación judicial activó los procedimientos correspondientes en la provincia de Mendoza.
Promesas laborales y barreras de comunicación
La organización utilizaba redes sociales y transmisiones en vivo para captar a sus víctimas. El uso de la lengua de señas facilitaba la construcción de confianza previa.
Las ofertas de empleo falsas atraían a mujeres sordas de Buenos Aires y Santa Fe. Una vez en el lugar, las víctimas sufrían restricciones a su movilidad y despojo de pertenencias.
Vecinos del barrio Río Tunuyán reportaron movimientos sospechosos de manera permanente en el lugar. El inmueble albergaba un kiosco que operaba hasta altas horas de la noche.
Los testigos señalaron la llegada constante de mujeres que permanecían semanas y luego desaparecían. Estas observaciones coincidieron con los datos recolectados durante la investigación judicial.
La reconstrucción de los hechos presentó dificultades complejas para los investigadores. Fuertes barreras comunicacionales exigieron la intervención de intérpretes de lengua de señas y mediadores especializados.
La variación de modismos regionales en el lenguaje gestual complicó la toma de testimonios. Las autoridades debieron seleccionar expertos cualificados para garantizar la precisión de cada declaración formal.
Avances en la causa federal
La Justicia Federal intentará precisar el rol individual que cumplía cada uno de los detenidos. Una de las arrestadas está señalada como presunta articuladora del inmueble en Rivadavia.
El expediente busca determinar si existían conexiones operativas en otras localidades mendocinas y en San Juan. También se investigará si existen más víctimas vinculadas a esta red de trata.
Los magistrados analizarán el material digital utilizado para las convocatorias laborales en plataformas digitales. El peritaje de los dispositivos móviles secuestrados resultará clave para la causa.
¿Sistemas judiciales adaptados para proteger a comunidades con discapacidad frente a redes delictivas complejas? La resolución de este expediente sentará un precedente sobre la respuesta estatal ante la vulnerabilidad comunicacional.