Una jueza argentina lidera la definición sobre el proyecto petrolero en Malvinas

La jueza argentina Frida Armas Pfirter, vicepresidenta del Tribunal del Mar, integrará el cuerpo de 21 magistrados que evaluará frenar el proyecto petrolero británico Sea Lion en Malvinas. La estrategia argentina se enfoca en riesgos ambientales inminentes.

Frida María Armas Pfirter. Foto: Web

El escenario diplomático global se prepara para un enfrentamiento clave en las salas de apelación marítima de Alemania. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, cuerpo judicial radicado en Hamburgo, programó audiencias orales de carácter público para abordar la petición formulada por las autoridades argentinas con el objetivo de paralizar los trabajos de prospección hidrocarburífera en la cuenca septentrional del archipiélago atlántico. En el centro de la escena institucional aparece la jurista santafesina Frida María Armas Pfirter, quien asumió recientemente la vicepresidencia del órgano internacional tras una vasta trayectoria en la delimitación del territorio soberano del país.

Tal como precisó Infobae, la abogada rosarina conduce junto con la presidencia del cuerpo a los veintiún magistrados de diversas nacionalidades que deberán juzgar la urgencia y legitimidad de las cautelares solicitadas. Su nombramiento institucional al frente de la vicepresidencia se fundamenta en un recorrido profesional intachable: dirigió durante un cuarto de siglo el equipo interdisciplinario de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, logrando expandir la superficie marítima nacional en un treinta y cinco por ciento mediante un sustento técnico respaldado a nivel global.

Argumentación ambientalista, peritajes privados y riesgos de un desastre ecológico

El recurso legal presentado por la diplomacia nacional ante las autoridades de Hamburgo evita deliberadamente centrar la discusión en la disputa de soberanía territorial, optando por articular el reclamo mediante las leyes de preservación marina de la convención de la ONU. La estrategia utiliza informes de contingencia técnica confeccionados por las propias operadoras petroleras que admiten que, de producirse una fuga o vertido accidental de material crudo en los pozos, existe una certeza del cien por ciento de que los residuos cruzarán los límites marítimos internacionales alcanzando aguas de jurisdicción continental en apenas dos semanas.

El escrito diplomático cuestiona enérgicamente la aptitud operativa de las dos firmas concesionarias del proyecto extractivo Sea Lion, la firma israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Las autoridades nacionales argumentaron ante el estrado que ninguna de las empresas tiene experiencia operativa en la conducción de campos de extracción mar adentro, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de incidentes medioambientales en una zona de alta sensibilidad biológica.

La respuesta de la diplomacia británica y las garantías del tribunal

Por su parte, las autoridades del Reino Unido salieron al cruce de las presentaciones internacionales asegurando que las licencias de exploración otorgadas en las islas mantienen plena vigencia, desestimando los cuestionamientos sobre la capacidad técnica de las compañías privadas. Sin embargo, desde la Cancillería británica confirmaron que asistirán a las citaciones programadas para la segunda semana de noviembre, comprometiéndose a acatar los dictámenes definitivos que emita la magistratura judicial europea de conformidad con la legislación internacional vigente.

El tribunal con sede en Alemania se encuentra conformado por especialistas de múltiples regiones del mundo para garantizar una perspectiva representativa y neutral. Dado que la norma prohíbe la presencia de dos magistrados de un mismo origen nacional, Londres no posee jueces titulares en el estrado, aunque la reglamentación procesal le permite designar una figura sustituta para actuar exclusivamente durante el desarrollo de este caso. Los magistrados deberán determinar si existen motivos fundados de urgencia para disponer el cese inmediato de las operaciones de perforación antes del inicio de la fase de explotación comercial.

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