La FIA aprobó normativas para 2027 que imponen una separación estricta entre los equipos de F1 y otras categorías como WEC o Fórmula E. La medida busca frenar maniobras presupuestarias que benefician a escuderías como Alpine y Ferrari.
La FIA aprobó normativas para 2027 que imponen una separación estricta entre los equipos de F1 y otras categorías como WEC o Fórmula E. La medida busca frenar maniobras presupuestarias que benefician a escuderías como Alpine y Ferrari.

El Gran Circo de la velocidad atraviesa horas de altísima convulsión técnica. En una movida administrativa de peso que ya genera coletazos en el ambiente, el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA decidió ponerle un freno mano de manera contundente a las avivadas presupuestarias de las principales escuderías. La nueva normativa, que entrará en vigencia a partir del campeonato 2027, impondrá un blindaje operativo absoluto sobre las instalaciones, los ingenieros y las herramientas tecnológicas para evitar que los gigantes de la categoría eludan el tope financiero establecido en doscientos quince millones de dólares al año.
La polémica estalló tras destaparse que varias estructuras utilizaban sus programas paralelos en el Mundial de Resistencia o en la Fórmula E para canalizar desarrollos de software, pruebas en simuladores y horas de túnel de viento sin anotarlas en la contabilidad de la categoría reina. Esta estrategia encendió las alarmas en los garajes de escuderías con ramificaciones en otras disciplinas, alcanzando directamente la estructura del Grupo Renault y Alpine, donde está Franco Colapinto, ante la sospecha de transferencias de datos con la escuadra Nissan del certamen eléctrico o sus divisiones de Resistencia.
Hasta este momento, el reglamento le permitía a un ingeniero dividir sus horas de trabajo semanales entre el desarrollo de un monoplaza de carreras y proyectos alternativos de la misma compañía, registrando únicamente un porcentaje de su salario dentro del balance del equipo. Con el nuevo paquete de reglas, esa ventana de fuga queda completamente obturada: el personal de la máxima categoría tendrá prohibido el acceso físico y digital a otras áreas del grupo, exigiéndose además un corte inmediato de correos institucionales, credenciales y pases de fábrica ante cualquier cambio de sector dentro de la corporación.
Para evitar el traspaso veloz de secretos de diseño y evitar fugas de información estratégica entre programas, el organismo rector estableció severas cláusulas de enfriamiento profesional. Cualquier especialista que abandone el sector de Grandes Premios deberá esperar doce meses enteros para retornar a la estructura, mientras que los técnicos provenientes de divisiones externas de la firma tendrán que cumplir un aislamiento laboral obligatorio de noventa días antes de poder tocar un solo componente del auto.
La reestructuración reglamentaria busca nivelar el terreno frente a marcas independientes que no cuentan con divisiones en otros mundiales de motor. La prohibición alcanzará el uso compartido de activos críticos como los bancos de pruebas de motorización, centros de procesamiento de telemetría y túneles de viento, un punto sensible considerando que el reglamento de motores aumentará la carga eléctrica hasta casi un cincuenta por ciento total, terreno donde escuderías con experiencia en tecnología híbrida como Ferrari, Aston Martin, Cadillac o las asociadas a Toyota contaban con ventajas de kilometraje no contabilizado.
Sin embargo, en los pasillos de los circuitos persiste el escepticismo sobre la eficacia real del control financiero. Exdirectivos de la categoría como Christian Horner revelaron que las escuderías de punta llegan a volcar entre quinientos y seiscientos millones de dólares anuales recurriendo a los rubros exentos del reglamento, tales como los sueldos de los pilotos, los pasajes de comitiva y las campañas de marketing. En un negocio donde ganar una posición en el torneo de constructores representa más de veinte millones de dólares de premio, muchas marcas analizan si el beneficio de romper el tope y pagar una multa económica sigue siendo un negocio rentable frente a la fiscalización de la FIA.
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