La justicia federal confirmó el procesamiento y embargo de $250 millones contra Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos, por presunta evasión de impuestos en 2020. La causa investiga préstamos no declarados y facturas sin respaldo comercial.
La justicia federal confirmó el procesamiento y embargo de $250 millones contra Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos, por presunta evasión de impuestos en 2020. La causa investiga préstamos no declarados y facturas sin respaldo comercial.
La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento del empresario Orlando Canido, propietario de la marca de gaseosas Manaos, en el marco de una investigación por presunta evasión tributaria en el Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio 2020.
El fallo de la Sala I del tribunal, integrado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán, ratificó de forma integral la medida dispuesta de manera previa por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón. La resolución mantuvo también el embargo preventivo por $250 millones sobre los bienes del empresario y dispuso una medida patrimonial similar sobre la empresa embotelladora Refres Now S.A.
El expediente, registrado bajo el número FSM 5439/2024/4/CA3, cuenta con la querella de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP. La fiscalización sostiene que la firma presentó declaraciones juradas engañosas para ocultar su verdadera capacidad contributiva.
Entre los puntos centrales de la acusación figura la declaración de un pasivo por $650 millones en concepto de un supuesto préstamo otorgado en efectivo por un tercero identificado como Lorenzo Pizzo. Según la investigación judicial, el aportante no contaba con la capacidad económica ni financiera para realizar dicha transacción durante 2020.
Paralelamente, el organismo recaudador solicitó profundizar la revisión de comprobantes emitidos a 80 distribuidores mayoristas. La inspección detectó que 39 de esas firmas figuraban en los registros oficiales de contribuyentes no confiables entre los años 2021 y 2022.
Las inconsistencias señaladas por la querella abarcan también operaciones comerciales con el sector mayorista por montos superiores a los $10.000 millones. La representación del Estado argumentó que las firmas involucradas no registraban la infraestructura, los activos ni la cantidad de empleados necesarios para sostener el volumen de actividad declarado.
Por otra parte, el tribunal ratificó los sobreseimientos dictados respecto de los períodos fiscales 2017 y 2018. Esta decisión respondió a la prescripción de la acción penal tras la modificación de las escalas del régimen penal tributario, normativa que elevó los montos mínimos requeridos para la configuración de los delitos imputados.
El procesamiento confirmado no constituye una sentencia definitiva ni determina la responsabilidad penal de los implicados, por lo que el dueño de la embotelladora continuará el trámite en libertad. Durante la instrucción, la Justicia avanzará sobre los peritajes contables y las pruebas documentales presentadas por las partes.
La resolución judicial se produjo en paralelo a la expansión comercial de la embotelladora en el mercado de bebidas sin alcohol. En julio de 2025, Canido completó la adquisición de las marcas Cunnington y Neuss por un valor de USD 74 millones, mientras evalúa la compra de la firma de aguas Pureza de las Sierras.
Frente a la ratificación dictada por el tribunal de alzada, la empresa y la defensa técnica del empresario optaron por no realizar declaraciones ni emitir comentarios sobre el estado actual de la causa judicial.
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