Diputados: el Gobierno negocia con la oposición para tratar la Ley de Soberanía Nacional

Tras una reunión con diputados del PRO, MID y PJ, el oficialismo busca avanzar este martes en comisiones. El proyecto contempla penas de hasta 20 años de cárcel y la creación del Consejo de Seguridad Nacional.

La Cámara de Diputados aprobó el Súper RIGI con 130 votos. Foto: NA.

En el marco de una carrera contra el calendario legislativo, representantes del Poder Ejecutivo mantuvo una serie de reuniones con legisladores de la Cámara de Diputados para viabilizar el tratamiento del proyecto de ley sobre Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas.

El encuentro estuvo encabezado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, quienes articularon posiciones con representantes del PRO, el MID y sectores del Partido Justicialista (PJ) de cara al plenario de comisiones previsto para este martes 27 de octubre a las 16:00.

Un cronograma ajustado y la presión del calendario

El oficialismo intentará emitir dictamen en el plenario de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para habilitar su llegada al recinto. La urgencia responde a que el miércoles 28 asoma como la última ventana propicia de debate antes de un noviembre catalogado como “sold out”, signado por la discusión del Presupuesto, los feriados por la visita del Papa León XIV y las elecciones de medio término en Estados Unidos.

Desde la administración nacional remarcaron que el texto reviste carácter de “prioridad para este Gobierno” en tanto la causa Malvinas constituye “una causa sagrada para los argentinos y ningún otro gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro”.

Endurecimiento penal y sanciones económicas

El núcleo normativo reemplaza la Ley 26.659 e introduce penas de hasta 20 años de prisión para quienes ejecuten o colaboren en la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en los archipiélagos y espacios marítimos adyacentes, disponiendo la inhabilitación para operar en territorio argentino.

La medida incluye la creación de un registro público de infractores con veto de contratación estatal, incorpora el juicio en ausencia y prohíbe el aporte económico foráneo a partidos y campañas políticas. Asimismo, se tipifican delitos vinculados al espionaje clandestino y la manipulación de la opinión pública mediante campañas organizadas de desinformación.

Creación del Consejo de Seguridad Nacional

En materia estratégica, el proyecto instituye el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano de conducción encabezado por el Presidente junto al jefe de Gabinete, ministros de áreas clave, la SIDE y Legal y Técnica.

Este cuerpo tendrá atribuciones para disponer bloqueos de activos, restricciones financieras y ajustes arancelarios ante amenazas inminentes. Dentro de sus protocolos, autoriza el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques hostiles como último recurso, a la par que redefine el marco de la Defensa Nacional para intervenir frente a riesgos externos y formaliza por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET).

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