José Luis Espert apeló ante la Cámara Federal de San Martín su procesamiento por presunto lavado de 200.000 dólares vinculados a Federico Machado. La presentación rechazó el fallo del juez Lino Mirabelli y exigió levantar un embargo de $1.000 millones.
El exdiputado, José Luis Espert, apeló formalmente su procesamiento por presunto lavado de activos ante la Cámara Federal de San Martín. La resolución judicial responde a un fallo dictado por el juez federal Lino Mirabelli.
El expediente investiga una transferencia bancaria por 200.000 dólares recibida en enero de 2020. Dicho giro provino de una firma ligada al empresario Federico Machado, condenado por fraude en los Estados Unidos.
Mediante un comunicado público difundido tras la resolución, el dirigente calificó la sentencia como un acto de hostigamiento. “Se me ensucia con algo por lo que nunca fui escuchado, ni acusado formalmente”, afirmó.
Asimismo, el exlegislador nacional denunció intencionalidad electoral en la decisión del magistrado de San Isidro. “Revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme”, aseveró en su descargo escrito.
Paralelamente, el letrado Claudio Lamela presentó dos recursos para exigir el sobreseimiento definitivo del economista. El reclamo solicita anular la prohibición de salida del país y cuestiona la cautelar patrimonial fijada.
“Un embargo de mil millones de pesos sin un solo cálculo que explique cómo llega a esa cifra”, criticó Espert. Para el dirigente, las medidas restrictivas constituyen “un verdadero despropósito” carente de justificación procesal.
El núcleo de la causa gira sobre un convenio de consultoría pactado con la firma guatemalteca Minas del Pueblo S.A. Aunque el asesoramiento técnico minero no se realizó, el exdiputado defendió la legalidad del pago inicial recibido.
En su escrito judicial, Espert rechazó cualquier maniobra encubierta durante la operatoria bancaria. “Acá no hubo nada escondido”, enfatizó el imputado al detallar que los fondos ingresaron a una cuenta propia y registraron compras vehiculares.
Además, la defensa cuestionó que el juzgado avance sin contar con los informes solicitados al extranjero. “Se me procesa por lavar fondos de un delito cuya prueba el juzgado todavía espera”, argumentó el economista.
El dirigente también desestimó que debiera conocer los antecedentes del empresario meses antes de su detención. “¿Debo ser clarividente yo?”, ironizó al reseñar que organismos estatales mantuvieron trato regular con las compañías de Machado.
Por otra parte, la resolución alcanzó a la consultora Varianza S.A., constituida junto a su esposa en 2019. La sociedad enfrenta un embargo preventivo de $500 millones, pese a que la intervención fue calificada como marginal.
El tribunal de alzada deberá evaluar ahora las impugnaciones planteadas contra la resolución de primera instancia. ¿Alcanzan las sospechas sobre un servicio no concretado para fundamentar un procesamiento penal sin prueba del origen ilícito?
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José Luis Espert apeló ante la Cámara Federal de San Martín su procesamiento por presunto lavado de 200.000 dólares vinculados a Federico Machado. La presentación rechazó el fallo del juez Lino Mirabelli y exigió levantar un embargo de $1.000 millones.
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