Un grupo de veinte personas irrumpió en la sede judicial de Pueyrredón 3510 para intimidar al juez Nicolás Schiavo. Mientras la justicia denunció ataques con armas blancas, el Ministerio de Seguridad bonaerense informó que la protesta fue pacífica.
Un grupo de veinte personas irrumpió en la sede judicial de Pueyrredón 3510 para intimidar al juez Nicolás Schiavo. Mientras la justicia denunció ataques con armas blancas, el Ministerio de Seguridad bonaerense informó que la protesta fue pacífica.
El miércoles por la mañana, los Tribunales de San Martín vivieron una jornada de conflicto tras el ingreso de un grupo de manifestantes al edificio de los Juzgados de Garantías N° 4 y N° 5.
Un grupo de 20 personas llegaron a la mesa de entradas para exigir una reunión con el juez Nicolás Schiavo. El magistrado intervino recientemente en una causa por narcotráfico y usurpación en Villa Maipú, que resultó en la detención de ocho personas la semana pasada.
Según informaron fuentes judiciales, los agresores habrían intentado alcanzar el primer piso del edificio mediante gritos y amenazas de muerte. Ante el avance del grupo, los empleados administrativos improvisaron una barricada con mobiliario en las escaleras para resguardar las oficinas.
El juez Schiavo relató que algunos de los presentes esgrimieron armas blancas y que el personal vivió momentos de pánico ante la falta de medidas de seguridad internas y la ausencia de cámaras de vigilancia.
Por el contrario, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires contradijo esta versión tras analizar los reportes oficiales. Según el registro de cuatro llamados al 911, el primer móvil policial arribó al lugar a las 12:01 horas y constató una presencia pacífica de personas que ya se retiraban del establecimiento. El informe ministerial detalló que no se verificaron daños en la mampostería, vidrios rotos ni ingresos forzados a los despachos privados.
La custodia del edificio estuvo limitada durante el suceso. La sargento de la Policía Bonaerense que cumplía funciones en el lugar explicó que se encontraba sola, ya que sus dos compañeros de apoyo estaban de licencia.
El camarista, Sergio Pilarche, señaló que esta situación de vulnerabilidad es recurrente y que la falta de personal policial capacitado pone en riesgo constante tanto a los trabajadores como a los ciudadanos que asisten a las dependencias.
Además, el Colegio de Magistrados y Funcionarios provincial emitió un comunicado donde exhortó a los poderes del Estado a garantizar recursos urgentes para la protección de los edificios judiciales.
La entidad remarcó que el impacto de la desfederalización de los delitos de narcomenudeo aumentó la exposición de los jueces ante organizaciones criminales violentas. La justicia inició una causa penal para identificar a los manifestantes y determinar el grado de responsabilidad en los presuntos daños.
El episodio dejó en evidencia la falta de coordinación técnica entre las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial bonaerense. ¿Podrá el Estado asegurar la protección de sus funcionarios ante el avance de la criminalidad organizada en el conurbano?
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