El oficialismo presentará este miércoles un proyecto con 28 modificaciones tras negociar con la oposición dialoguista. El acuerdo con 44 senadores incluyó retirar la baja de Ganancias a empresas para proteger la coparticipación de las provincias.
El oficialismo presentará este miércoles un proyecto con 28 modificaciones tras negociar con la oposición dialoguista. El acuerdo con 44 senadores incluyó retirar la baja de Ganancias a empresas para proteger la coparticipación de las provincias.
El Gobierno nacional formalizó este martes la versión definitiva del proyecto de modernización laboral que se tratará este miércoles en el Senado. Tras semanas de negociaciones, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, confirmó que el texto final incorpora 28 modificaciones consensuadas con bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y partidos provinciales.
La estrategia oficialista debió ceder en puntos clave para garantizar una mayoría de 44 votos en la Cámara Alta. El cambio más significativo fue la eliminación del artículo que reducía en un 3% el impuesto a las Ganancias para las Sociedades. Esta medida había generado un fuerte rechazo entre los gobernadores, dado que afectaría la recaudación nacional y, por consecuencia, el giro de fondos por coparticipación a las provincias, estimado en una pérdida de 3 billones de pesos.
Durante la presentación, Bullrich detalló que el dictamen busca limitar lo que el oficialismo denomina “industria del juicio“. Para ello, el texto delimita qué conceptos integran el salario y cuáles son considerados beneficios sociales (como comedores, guarderías y útiles), con el fin de evitar que estos últimos sean judicializados.
Asimismo, se estableció que los créditos laborales se actualizarán mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% adicional.
Otro punto de consenso fue la reconfiguración del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Por propuesta de la UCR, se aplicará una diferenciación en las alícuotas: las grandes empresas aportarán el 1%, mientras que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) contribuirán con el 2,5%. Este mecanismo, que busca auxiliar el pago de obligaciones al término de los contratos, contará con el control de la Cámara de Diputados.
La definición del proyecto se terminó de sellar en una reunión de la mesa política en Casa Rosada. Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros funcionarios. El hermetismo marcó la jornada hasta que se validó la quita del capítulo fiscal conflictivo para asegurar la media sanción en general.
En términos de representación sindical, el proyecto mantuvo las cuotas solidarias para las obras sociales con un aporte del 6%. No obstante, estas cuotas tendrán ahora una vigencia limitada de dos años y un tope del 2%. Por otra parte, se otorgará un plazo de 180 días para que los estatutos profesionales se adecuen a la nueva normativa.
El inicio del debate está previsto para el mediodía del miércoles, en un clima de tensión por las movilizaciones convocadas por la CGT y movimientos sociales frente al Congreso.
Con las modificaciones introducidas, el oficialismo parece haber despejado el camino legislativo, aunque queda por ver si el texto final logra equilibrar las necesidades fiscales de las provincias con la flexibilización laboral que busca el Ejecutivo.
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