Impulso a la inversión privada en la infraestructura vial nacional

El Ministerio de Economía licitó la concesión de 2500 kilómetros de rutas nacionales en cinco provincias. El nuevo esquema busca que empresas privadas gestionen el mantenimiento y modernización de los corredores viales, eliminando subsidios estatales para alcanzar el equilibrio fiscal.

Luis Caputo, Ministro de Economía
Luis Caputo, Ministro de Economía

A través de la reciente Resolución 112/2026, la cartera económica dio luz verde a la convocatoria para gestionar más de 2500 kilómetros de calzadas federales bajo un esquema de participación empresarial. Esta medida, que involucra a cinco provincias del centro del país, busca transformar la administración de los caminos hacia un sistema autosustentable. El plan oficial pretende que el sector privado asuma plenamente las tareas de conservación y mejoras operativas, eliminando la dependencia de los aportes estatales para sostener la conectividad terrestre entre los principales polos económicos.

Distribución de los corredores y alcance territorial

La licitación se ha estructurado en cuatro grandes bloques estratégicos que atraviesan Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis. Entre ellos destacan el trazado Mediterráneo, vital para el corazón productivo, y los ejes Portuarios Norte y Sur, diseñados para agilizar el traslado de mercaderías hacia las terminales de exportación. Las rutas nacionales beneficiadas por esta transferencia incluyen vías clave como la 8, 9, 33 y 188, además de anillos logísticos fundamentales para el tránsito pesado de larga distancia, lo que garantiza una cobertura integral de los flujos de carga más relevantes del país.

Hacia un modelo de gestión sin asistencia estatal

El enfoque gubernamental apuesta por una reforma profunda en la Red Federal de Concesiones, donde la explotación y el mantenimiento de las rutas queden en manos de consorcios nacionales e internacionales. Según explicaron las autoridades, este cambio de paradigma es una pieza central en la estrategia de saneamiento fiscal, ya que permite reducir el gasto público directo en obras de infraestructura. Con la creación de una comisión evaluadora específica, el proceso se encamina a seleccionar las propuestas que aseguren la modernización de los caminos mediante una inversión privada eficiente, liberando recursos del Tesoro nacional.

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