La justicia ordinaria retuvo la investigación contra Claudio Tapia por presunta administración fraudulenta en la AFA. Se analizan supuestos desvíos de 300 millones de dólares provenientes de la Selección hacia sociedades extranjeras, rechazando el pase del expediente al fuero federal.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dictaminó que la investigación sobre presuntas irregularidades financieras en la Asociación del Fútbol Argentino debe permanecer en el fuero ordinario de la Ciudad de Buenos Aires. Con esta resolución, el tribunal rechazó el intento de trasladar el expediente a la justicia federal de Lomas de Zamora, reactivando una pesquisa que afecta directamente a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. El fallo, emitido por el juez Ignacio Rodríguez Varela, considera que el envío a la justicia federal fue una medida apresurada que no cumplía con los requisitos legales mínimos para desplazar la competencia común.
El foco de la investigación se centra en la gestión de los derechos comerciales y la organización de partidos amistosos del seleccionado argentino tras su coronación en Qatar. La denuncia, impulsada por el empresario Guillermo Tofoni, sostiene que la dirigencia de la AFA ignoró contratos de exclusividad previos para canalizar negocios millonarios a través de una firma radicada en Estados Unidos denominada TourProdEnter LLC. Según la acusación, esta sociedad habría funcionado como una estructura para percibir pagos de organizadores extranjeros que nunca fueron declarados en la contabilidad oficial de la entidad de la calle Viamonte.
La magnitud del posible fraude ascendería a los 300 millones de dólares. El expediente detalla un complejo entramado de giros de dinero hacia diversas sociedades internacionales que, de acuerdo con el denunciante, carecerían de una actividad comercial genuina. La justicia investiga si estos fondos se utilizaron para gastos personales suntuarios, como el alquiler de jets privados y yates, en lugar de ingresar al patrimonio del fútbol argentino. La Cámara subrayó que, aunque las cifras sean astronómicas, el presunto delito de administración fraudulenta debe ser analizado por jueces ordinarios, ya que no se trata inicialmente de una causa de orden federal.
Tras este fallo, la justicia nacional tiene el camino libre para avanzar con celeridad en la recolección de pruebas y el análisis de la documentación secuestrada. Entre las acciones inmediatas se encuentran los pedidos de embargo preventivo sobre cuentas bancarias tanto en el país como en el exterior. Si bien desde el entorno legal de la AFA aseguran que la institución mantiene la calma y que el fallo solo resuelve una cuestión de jurisdicción, la reapertura del caso pone en riesgo la estructura de negocios internacionales que la actual gestión consolidó durante los últimos años de éxito deportivo.
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