La cámara baja otorgó media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil con 149 votos. El proyecto establece penas máximas de 15 años, sanciones alternativas y una inversión de 23.000 millones de pesos para centros de detención especializados y resocialización.
La Cámara de Diputados sancionó este jueves el proyecto tras un debate de más de ocho horas. La Libertad Avanza sumó apoyos del PRO, UCR, Provincias Unidas, MID e Innovación Federal para alcanzar 149 votos positivos.
El texto aprobado reemplazará a la ley vigente desde 1980, la cual fue calificada por los legisladores oficialistas como un régimen ineficiente que no ofrece respuestas a las víctimas ni herramientas de reinserción para los jóvenes.
La reforma fija el inicio de la responsabilidad penal juvenil en los 14 años e introduce una escala de sanciones que prioriza la excepcionalidad del encierro. Para delitos graves como homicidios, secuestros o abusos sexuales, la pena máxima de prisión será de 15 años.
En contraste, para infracciones con condenas menores a los diez años, el sistema aplicará medidas restaurativas tales como servicios comunitarios, reparación del daño, prohibiciones de acercamiento y monitoreo electrónico.
Además, el proyecto prohíbe de forma taxativa que los menores compartan espacios de detención con adultos, obligando a la creación de institutos con personal especializado.
Desde la oposición, el bloque de Unión por la Patria y los sectores de izquierda rechazaron la iniciativa por considerarla un retroceso en materia de derechos. Los críticos advirtieron que el presupuesto resulta insuficiente para la infraestructura necesaria y calificaron la medida como un “marketing punitivo”.
El diputado Miguel Ángel Pichetto señaló que, sin una inversión real en educación y salud mental, la ley no tendrá un impacto efectivo en la seguridad pública. Por su parte, el Frente Renovador acompañó la cifra de 14 años, aunque alertó sobre posibles riesgos de judicialización si no se reforma de manera integral el Código Penal.
El reconocimiento de las víctimas constituyó otro eje central de la jornada legislativa. Familiares de víctimas de delitos cometidos por menores siguieron el debate desde los palcos, donde se destacó la necesidad de que el Estado garantice patrocinio jurídico y asistencia psicológica.
Según la diputada Laura Rodríguez Machado, el régimen actual deja a los jóvenes en un “limbo” legal que favorece su captación por organizaciones criminales.
La vigencia de este sistema comenzará seis meses después de su reglamentación, periodo previsto para que las provincias y la Nación adecuen las instalaciones carcelarias. Tras la aprobación en Diputados, el proyecto fue girado al Senado para su tratamiento definitivo.
¿Logrará esta reforma penal reducir efectivamente la delincuencia juvenil en delitos graves o se convertirá en una norma de difícil aplicación por la falta de recursos de infraestructura?
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