Comisiones de la Cámara alta emitieron dictamen para el nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa reduce a 14 años la edad mínima para responsabilidad penal en delitos graves y contempla penas máximas de 15 años y centros especializados, en una sesión prevista para la próxima semana.
El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, junto a la de Presupuesto y Hacienda del Senado, dio luz verde este jueves al proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil.
La propuesta central de la reforma es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasará de los 16 a los 14 años. Tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados, el oficialismo apunta a convertir la iniciativa en ley durante una sesión extraordinaria que se convocaría para el próximo jueves.
Durante la jornada parlamentaria, se registraron cambios en las autoridades de las comisiones. El senador Juan Carlos Pagotto dejó la presidencia de Justicia para asumir el control de Acuerdos, siendo reemplazado por su par Gonzalo Guzmán Coraita.
Por su parte, la comisión de Presupuesto se mantuvo bajo la conducción de Ezequiel Atauche. El debate contó con el impulso de la senadora, Patricia Bullrich, quien defendió la necesidad de terminar con la impunidad en delitos cometidos por menores.
El nuevo régimen no solo modifica la edad mínima para el procesamiento penal, sino que establece un esquema de sanciones según la gravedad de los hechos. Para delitos mayores como homicidios, abusos sexuales o secuestros, se fijó una pena máxima de 15 años de prisión. El proyecto prohíbe explícitamente la reclusión perpetua y prioriza medidas alternativas para infracciones menores.
Entre las sanciones no privativas de la libertad se incluyen la amonestación, la prestación de servicios comunitarios, el monitoreo electrónico y la reparación integral del daño.
Asimismo, la normativa prevé la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba en casos de infracciones leves, siempre que exista consentimiento de la víctima.
Un eje fundamental de la reforma es la creación de institutos especializados. La ley prohíbe que los menores convivan con detenidos adultos y exige que el personal de estos centros posea formación específica en infancia. Estos espacios deberán garantizar acceso a la educación, atención médica y tratamientos para adicciones, con un enfoque orientado a la resocialización.
El plenario también otorgó un espacio central al reconocimiento de las víctimas. Familiares de jóvenes asesinados en hechos delictivos brindaron testimonios ante los legisladores.
Voces como las de Laura Fernández y Nicolás Sabo resaltaron que, si bien la ley no será retroactiva para sus causas, representa un paso necesario para evitar nuevos crímenes. Los expositores coincidieron en que un menor que empuña un arma requiere una intervención estatal inmediata y efectiva.
A pesar del apoyo mayoritario alcanzado por el oficialismo y sectores dialoguistas, la oposición planteó cuestionamientos sobre la celeridad del proceso y la falta de invitados externos en el plenario.
No obstante, las firmas necesarias fueron recolectadas antes de las 16:00 horas, asegurando el dictamen de mayoría que habilita el tratamiento en el recinto.
Resta definir si la capacidad operativa del Estado permitirá la implementación inmediata de los centros especializados requeridos. La sociedad observa con expectativa un cambio legislativo que pretende cerrar un ciclo de 45 años de vigencia de una norma heredada de la última dictadura militar.
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