Gobierno de Gustavo Petro oficializó gravámenes recíprocos mediante el Decreto 0170. La medida responde a tasa de seguridad impuesta por Daniel Noboa y restringe el paso de mercancías en Ipiales y Puerto Asís por razones de control aduanero.
Gobierno de Gustavo Petro oficializó gravámenes recíprocos mediante el Decreto 0170. La medida responde a tasa de seguridad impuesta por Daniel Noboa y restringe el paso de mercancías en Ipiales y Puerto Asís por razones de control aduanero.
La relación comercial entre Colombia y Ecuador atraviesa su momento más crítico tras la entrada en vigor de aranceles del 30% a más de 70 subpartidas ecuatorianas. Decisión administrativa, firmada por el presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial este martes, representa una respuesta directa a la política tributaria implementada por el mandatario Daniel Noboa desde el 1 de febrero de 2026.
Disputa arancelaria afecta principalmente a 23 partidas que incluyen bienes básicos como arroz, fríjol, azúcar, cacao, plátano y aguacate Hass. Normativa colombiana también alcanza sectores industriales, gravando el calzado con suela de caucho y diversos tipos de tuberías.
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la determinación busca restablecer el equilibrio comercial tras el fracaso de las negociaciones bilaterales celebradas en Quito durante la primera semana de febrero.
Los controles terrestres en los puntos de Ipiales y Puerto Asís se endurecieron significativamente bajo el nuevo marco legal. Decreto 0170 prohíbe el ingreso de arroz “paddy” y productos pesqueros por estas vías, obligando a los importadores a buscar rutas alternativas o enfrentar la aprehensión de mercancías.
Autoridades colombianas advirtieron que no existirá posibilidad de legalización posterior para los cargamentos que infrinjan estas disposiciones.
Seguridad nacional aparece como un argumento central en la nueva normativa aduanera. Documento oficial establece vigilancia especial sobre insumos químicos que podrían utilizarse en la producción de sustancias ilícitas.
Específicamente, se restringió el tránsito de ácido clorhídrico, éter etílico y tolueno, compuestos asociados a la fabricación de fentanilo, con el fin de blindar la frontera sur frente al crimen transnacional.
El escenario jurídico se trasladó a la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), donde ambos países radicaron demandas cruzadas. Colombia solicitó formalmente que la “tasa de seguridad” ecuatoriana sea declarada como un gravamen prohibido por el Acuerdo de Cartagena.
Por su parte, el Gobierno de Ecuador presentó tres reclamos contra Bogotá alegando vulneraciones a los compromisos de integración regional asumidos por el bloque.
Cifras de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) indican que, durante 2025, el intercambio comercial favoreció a Colombia con un superávit superior a los 1.000 millones de dólares.
A pesar de este dinamismo previo, analistas advierten que el traslado de estos costos tributarios al consumidor final podría generar presiones inflacionarias en productos de la canasta básica y desincentivar la inversión privada en las zonas fronterizas a largo plazo.
El futuro del comercio andino dependerá ahora de los fallos emitidos por la CAN y de la disposición de ambos Gobiernos para retomar el diálogo diplomático. ¿Lograrán los mecanismos de integración regional desactivar una guerra comercial que ya impacta el bolsillo de los ciudadanos en ambos lados de la frontera?
Antes de su presentación ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete envió un informe con 2.151 respuestas. El funcionario calificó de “confidencial” parte de su patrimonio, negó contrataciones directas con el periodista Marcelo Grandio y admitió que aún no presentó la declaración jurada por su nuevo cargo.
Con la consigna de “no despedir”, el Palacio de Hacienda aplicará una poda del 2% en gastos corrientes y del 20% en capital. El desplome de la recaudación y las leyes universitarias y de discapacidad fuerzan al Gobierno a endurecer el torniquete fiscal.
El preservativo femenino ofrece mayor resistencia y autonomía al ser gestionado por la mujer, permitiendo su colocación anticipada. Pese a su seguridad frente a ITS y beneficios para diversas anatomías, la falta de innovación y publicidad limita su uso masivo.
Elon Musk testificó contra OpenAI, acusándola de traicionar su fin altruista para priorizar ganancias con Microsoft. El magnate advirtió que una inteligencia artificial descontrolada podría ser destructiva y exigió que la firma retome su espíritu filantrópico por el bien común.
Las Américas enfrentan una crisis sanitaria por la caída en la vacunación, provocando rebrotes de sarampión y tos convulsa. Expertos instan a recuperar coberturas superiores al 95% y adoptar innovaciones médicas para frenar enfermedades prevenibles ante el aumento de movilidad internacional.
Anant Ambani, multimillonario indio, propuso rescatar a 80 hipopótamos de Pablo Escobar para evitar su sacrificio en Colombia. El magnate busca trasladarlos a su centro de conservación Vantara, ofreciendo una alternativa humanitaria frente al plan de eutanasia gubernamental.
El Gobierno desembolsará 72 mil millones de pesos en mayo para cumplir con el programa “Volver al Trabajo” tras un fallo judicial. Aunque apeló la medida, Capital Humano acatará el pago, lamentando que la orden frene su reforma del sistema asistencial.
Las ventas de combustibles cayeron un 1,8% anual en marzo, impulsadas por el alza de precios global. YPF fue la única petrolera que creció, mientras el consumo de naftas para uso particular lideró el retroceso frente al sector productivo.
