El Departamento del Tesoro revocó la autorización que permitía al gobierno venezolano costear los abogados de Nicolás Maduro en Nueva York. La defensa alega que la medida vulnera el derecho constitucional a un abogado de elección, tras la captura del exmandatario en enero.
El proceso judicial contra Nicolás Maduro en la Corte del Distrito Sur de Nueva York enfrentó un obstáculo financiero este miércoles. Barry Pollack, abogado defensor de Maduro, informó mediante una carta al juez Alvin Hellerstein que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impidió que el Estado venezolano sufrague los honorarios legales del acusado.
Según el documento judicial fechado el 20 de febrero, la OFAC otorgó inicialmente una licencia el 9 de enero para permitir los pagos, pero la revocó menos de tres horas después sin ofrecer explicaciones oficiales.
Esta decisión afecta directamente la representación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en territorio estadounidense desde el 3 de enero, tras una operación de fuerzas especiales en Caracas.
Pollack argumentó en su misiva que la interrupción de los fondos constituye una interferencia con la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Esta norma garantiza que todo acusado tiene derecho a un abogado.
El letrado sostuvo que Maduro posee una “expectativa legítima” de que el Estado venezolano cubra sus gastos, basándose en las leyes y costumbres de dicho país para quienes han ejercido la primera magistratura.
Reconocido por su previa defensa de Julian Assange, enfatizó que su cliente no dispone de otros medios para costear una representación legal de este nivel. Mientras que la licencia de Flores no sufrió modificaciones iniciales, la situación de Maduro permanece en un vacío administrativo que, según la defensa, busca obstaculizar el proceso judicial.
Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de cargos de narcotráfico el pasado 5 de enero. La fiscalía de Manhattan sostiene que el acusado abusó de su cargo durante 13 años para facilitar el envío de estupefacientes hacia Estados Unidos. Tras su captura, la administración del país sudamericano quedó bajo el mando de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez.
La tensión legal aumenta debido a que Washington no reconoce la legitimidad de Maduro desde 2019, lo que complica el uso de fondos públicos venezolanos bajo control o sanción estadounidense. Hasta el momento, el Departamento del Tesoro y la Fiscalía Federal han declinado emitir comentarios sobre la revocación de la licencia.
La resolución de este conflicto financiero determinará el ritmo del juicio. Si la OFAC mantiene el bloqueo de fondos, el tribunal podría verse obligado a decidir entre permitir el flujo de capitales sancionados o asignar defensores de oficio.
Del mismo modo, la defensa advirtió que presentará una moción formal de amparo si el silencio administrativo persiste, dejando abierta la pregunta sobre cómo se garantizará el debido proceso en un caso donde la diplomacia y el derecho penal convergen.
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