Mojtaba Jameneí, hijo del difunto ayatolá, se perfila como sucesor en Irán apoyado por la Guardia Revolucionaria. Pese a su escasa legitimidad religiosa y popular, su ascenso garantiza el continuismo represivo frente a crecientes cuestionamientos financieros y amenazas externas.
Tras la desaparición del ayatolá, el escenario político de Teherán se concentra en la figura de su hijo, Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí. A sus 56 años, este clérigo representa la apuesta por el inmovilismo dentro de la estructura teocrática, pese a carecer de una trayectoria en cargos públicos o de un respaldo popular genuino. Su ascenso, lejos de ser el resultado de un consenso religioso, parece impulsado por su estrecha alianza con las facciones más intransigentes de la Guardia Revolucionaria, consolidándose como el nexo principal entre el aparato de seguridad y el núcleo del poder espiritual.
Aunque su participación en el conflicto contra Irak en los años 80 tuvo un matiz más simbólico que táctico, fue en ese periodo donde Mojtaba forjó las redes de lealtad que hoy lo sostienen. Durante décadas, ha operado desde el anonimato, evitando la exposición mediática mientras influía en decisiones cruciales de inteligencia y represión. Según analiza El País, su figura simboliza una transición del poder desde la autoridad clerical tradicional hacia un modelo dominado por los organismos militares y de vigilancia, lo que asegura una gestión basada en el control férreo de la disidencia.
El camino hacia el liderazgo absoluto no está exento de obstáculos significativos. En el ámbito doctrinal, su preparación como jurisconsulto islámico es blanco de constantes dudas entre los altos mandos del seminario de Qom, especialmente tras la reciente cancelación de sus cátedras de alto nivel. Además de las sospechas sobre redes financieras opacas en el exterior, el posible sucesor enfrenta un clima de hostilidad internacional extrema; desde Tel Aviv ya se ha advertido que cualquier nueva cabeza del régimen será considerada un blanco militar prioritario, lo que convierte su eventual mandato en un desafío de supervivencia tanto interna como regional.
En agosto, las jubilaciones subirán un 1,89% por inflación, elevando el haber mínimo a un bruto de $419.776. No obstante, por el congelamiento del bono de $70.000, el incremento de bolsillo para los haberes más bajos será de solo 1,61%.
Desde agosto, el transporte público en CABA y PBA subirá un 3,9%, elevando el boleto mínimo de colectivos porteños y provinciales. El incremento, indexado por inflación, también impactará en las tarifas de subtes y en los peajes de las autopistas de acceso.
Ante una inflación semestral cercana al 17%, los gobernadores provinciales reabrieron las negociaciones paritarias con docentes y estatales. Mientras distritos como Buenos Aires lograron acuerdos temporales, provincias como Santa Fe y Entre Ríos enfrentan fuertes tensiones y reclamos gremiales.
El gremio ATE ANAC alertó sobre deficiencias en el servicio de bomberos de varios aeropuertos argentinos por falta de inversión. Advirtió que el uso de recursos no homologados pone en riesgo la operatoria de vuelos durante las vacaciones de invierno.
Un informe de Unicef y la OMS advierte que Argentina está entre los países con menor cobertura de vacunación infantil, sumando 101.000 niños sin inmunizar. El abandono de esquemas multidosis eleva el riesgo de brotes de sarampión y difteria.
La ANMAT simplificó los trámites para modificar medicamentos biológicos ya registrados, reduciendo la burocracia mediante un enfoque de riesgo. Al incorporar el sistema “Reliance”, el organismo convalidará evaluaciones de agencias extranjeras para agilizar la disponibilidad de vacunas y fármacos.
El procurador Eduardo Casal expuso en el Congreso las trabas del fallo Levinas y propuso un DNU para agilizar causas. Además, reclamó más presupuesto ante una pérdida del 47% y debatió sobre la saturación por la desfederalización del narcomenudeo.
La justicia española condenó a David Sánchez, hermano del presidente de España, a nueve años de inhabilitación por prevaricación en su contratación en Badajoz. La sentencia determinó que el puesto fue un “traje a medida”, descartando el tráfico de influencias.
