El Gobierno promulgó la Ley de Modernización Laboral, que redefine indemnizaciones, flexibiliza jornadas y limita huelgas en servicios esenciales. La norma busca reducir la litigiosidad, fomenta el blanqueo de empleados y establece beneficios fiscales para inversiones productivas de rango medio.
A primera hora de este viernes, el Poder Ejecutivo oficializó el marco legal que transforma las relaciones de trabajo en Argentina. Tras una semana de análisis técnico posterior a su paso por el Senado, la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026 —respaldado por las rúbricas de Javier Milei, Manuel Adorni y Sandra Pettovello— marca el inicio de una estructura laboral actualizada, dejando atrás la vigencia de modelos previos.
El corazón de la reforma introduce cambios profundos en el sistema de desvinculaciones. El esquema actual redefine el cálculo indemnizatorio al remover ítems como premios, propinas o el sueldo anual complementario, estableciendo límites precisos: el monto no podrá exceder el triple del sueldo promedio de cada actividad, garantizando siempre un piso del 67% del ingreso mensual.
Para aliviar la carga financiera de las compañías, se habilitó el pago de sentencias judiciales en cuotas: seis meses para firmas de gran escala y hasta un año para las pequeñas y medianas empresas. Además, se instituyeron los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), nutridos por aportes patronales obligatorios de entre el 1% y el 2,5%, con el fin de asegurar la disponibilidad de fondos para los trabajadores mediante cuentas blindadas supervisadas por la Comisión Nacional de Valores.
En cuanto a la organización interna, la normativa preserva el derecho al descanso anual entre octubre y abril, pero abre la puerta al fraccionamiento de los días si hay consenso entre las partes, con bloques mínimos de una semana. Asimismo, la jornada diaria puede ahora extenderse hasta las 12 horas mediante el uso de bancos de horas, siempre que se respete el descanso obligatorio de medio día entre jornadas.
Por otro lado, debutó el concepto de “salario dinámico”, una modalidad que permite vincular los ingresos directamente con la productividad o el desempeño personal, estableciendo además la obligatoriedad de la bancarización para todos los pagos.
El nuevo ordenamiento jurídico redefine los alcances del sindicalismo y el derecho a la protesta. Las huelgas en sectores críticos como la salud o el suministro de agua deberán asegurar ahora una operatividad del 75%, mientras que en transporte y alimentación el mínimo se fijó en el 50%. Los aportes solidarios a los gremios fueron limitados a un techo del 2% del sueldo, y los acuerdos por empresa o región ahora tienen preeminencia sobre los convenios nacionales de actividad.
Para combatir la informalidad, se lanzó un plan de regularización que perdona hasta el 70% de las deudas por incumplimientos previos. A esto se suma una reducción de las cargas sociales al 8% anual para nuevos contratos de personal que no estaba registrado antes de finales de 2025.
Finalmente, el Gobierno incorporó un régimen de fomento para inversiones de rango medio (entre 150 mil y 9 millones de dólares), otorgando ventajas impositivas en Ganancias e IVA para quienes adquieran maquinaria u obra productiva durante los próximos 24 meses.
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