Gremios docentes anuncian paro universitario nacional

Gremios docentes de universidades nacionales convocaron un paro de actividades desde el lunes 16 hasta el sábado 21 de marzo. La medida responde al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y un aumento salarial del 51% adeudado.

Universidad de Buenos Aires DE PARO del 16 al 20 de marzo. Foto: NA.

La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) ratificó este viernes un plan de lucha que paralizará las instituciones de educación superior durante la tercera semana de marzo.

El plenario de secretarios generales resolvió la medida de fuerza ante lo que califican como una situación de precariedad laboral extrema, tras dos años de ajustes económicos bajo la administración del presidente Javier Milei. El conflicto, que centraliza sus reclamos en un aumento salarial del 51% adeudado, amenaza con suspender el inicio del ciclo lectivo 2026 de forma indefinida si no se reabren las negociaciones paritarias.

Alcance nacional y adhesión gremial

El cese de actividades afectará áreas de docencia, investigación y gestión administrativa en universidades de gran escala como la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Según informaron fuentes sindicales, la paralización cuenta con el respaldo de al menos 30 gremios de base integrados en el Frente Sindical Universitario. En Córdoba, los docentes ya iniciaron acciones preliminares, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la huelga del 16 al 20 de marzo se presenta como el paso previo a una medida de tiempo indeterminado.

Las federaciones gremiales denunciaron que no permitirán la “naturalización” de salarios que se encuentran por debajo de la inflación acumulada. En este sentido, los representantes de CONADU tienen previsto un nuevo congreso para los días 12 y 13 de marzo, donde se evaluará la profundización de las medidas de fuerza en caso de no recibir una propuesta formal del Ministerio de Capital Humano.

Estrategia judicial y conflicto presupuestario

Paralelamente a la huelga, las organizaciones sindicales analizan llevar el reclamo a los tribunales. La intención es judicializar la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que el Poder Ejecutivo ha mantenido bajo estricto control fiscal.

Esta estrategia busca forzar la liberación de partidas presupuestarias que el Gobierno nacional considera incompatibles con su meta de equilibrio de las cuentas públicas para el ejercicio 2026.

El impacto de la medida alcanzará a cientos de miles de estudiantes que tenían previsto iniciar sus cursadas regulares este mes. Las autoridades universitarias enfrentan el dilema de sostener el funcionamiento operativo de los edificios con recursos congelados, mientras el personal docente y no docente incrementa la presión en las calles.

El inicio del año académico queda así supeditado a una pulseada de poder entre el sector educativo y la Casa Rosada. Con posiciones que parecen irreconciliables en lo económico, ¿prevalecerá la rigidez fiscal del Ejecutivo o logrará la presión sindical torcer el rumbo del presupuesto universitario para este año?

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