Con 700 familias en vilo, el gremio Atilra denunció un lockout patronal ilegal y deudas salariales críticas
Con 700 familias en vilo, el gremio Atilra denunció un lockout patronal ilegal y deudas salariales críticas
La situación de la histórica firma Lácteos Verónica ha alcanzado un punto de no retorno. Con sus tres plantas santafesinas (Clason, Lehmann y Suardi) y su base en Boulogne completamente desactivadas, los trabajadores alertan sobre un escenario de desprotección extrema. Según denunció Domingo Possetto, secretario general de Atilra Rafaela, el impacto social en la provincia es “peor que el caso Fate”, describiendo un panorama de desidia donde los empleados carecen incluso de insumos básicos como agua o papel higiénico en sus puestos de resistencia.
Desde el pasado 16 de febrero, la producción se detuvo por completo. La gravedad del conflicto radica no solo en la parálisis industrial, sino en la conducta de la familia Espiñeira, propietarios de la firma. El gremio asegura que los dueños, siendo ellos mismos productores, han decidido desviar la materia prima hacia otras empresas, dejando a sus propias plantas sin un solo litro de leche para procesar.
Ante la falta de respuestas, Atilra realizó una presentación formal ante el Ministerio de Capital Humano denunciando un “presunto lockout patronal”. El documento detalla que la empresa adeuda los salarios de enero y febrero de 2026, además del aguinaldo de 2025. A esto se suma una situación de riesgo laboral inminente: la firma tiene cortada la cobertura de ART y mantiene deudas millonarias con el transporte, obligando a los operarios a movilizarse por sus propios medios y sin seguro.
La estrategia de la empresa en las últimas semanas ha sido el envío de cartas documento notificando una reducción del 50% en los haberes y la jornada laboral, medida que los trabajadores califican como una “suspensión encubierta”.
Para evitar el vaciamiento de las instalaciones o el retiro de maquinaria, los 700 empleados mantienen guardias permanentes en las afueras de los establecimientos. Mientras tanto, el Gobierno de Santa Fe observa el conflicto con cautela, limitándose a señalar que se trata de un diferendo entre particulares, aunque ha dispuesto asistencia de emergencia para las familias afectadas.
El futuro de una de las marcas más emblemáticas de la góndola argentina es hoy un interrogante, mientras sus trabajadores denuncian que la empresa ha decidido, en la práctica, dejar de existir.
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