Mañana martes la expresidenta Cristina Kirchner declarará ante el Tribunal Oral Federal 7 por presuntas maniobras ilegales en la obra pública. El traslado desde su domicilio en Constitución hasta Comodoro Py ocurrirá bajo el control de su tobillera electrónica y en medio de cuestionamientos de la exmandataria hacia el Gobierno Nacional.
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) citó a la expresidenta Cristina Kirchner para este martes a las 9 en los tribunales de Retiro. La audiencia marca el inicio de una etapa clave en la denominada Causa Cuadernos, donde se investigan supuestos pagos de sobornos vinculados a la construcción de infraestructura estatal durante su gestión.
La dirigente, que cumple prisión domiciliaria hace 273 días, se trasladará desde su domicilio en la calle San José al 1111 acompañada por su abogado, Carlos Alberto Beraldi.
El juicio, que hasta el momento se desarrolló mayoritariamente mediante plataformas virtuales, retomó la presencialidad por decisión de los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero.
La defensa de la exjefa de Estado criticó la medida a través de redes sociales, al calificarla como una búsqueda de impacto visual para los medios de comunicación.
Kirchner vinculó la actividad de los tribunales con el escenario económico actual y denunció una supuesta coordinación para desviar la atención pública de la caída de los salarios y el aumento de la pobreza.
La logística del traslado fue coordinada entre el TOF 7 y el TOF 2, este último encargado de supervisar la ejecución de la pena de la exmandataria en la causa Vialidad.
El dispositivo de seguridad permitirá un radio extendido de alcance para el dispositivo electrónico de monitoreo (tobillera) que Kirchner porta, garantizando su presencia en la Sala AMIA de Comodoro Py, la cual posee una capacidad para 200 asistentes.
La investigación se originó en anotaciones atribuidas a Oscar Centeno, exchofer del Ministerio de Planificación Federal. Si bien peritajes técnicos señalaron alteraciones en los documentos originales, el proceso avanzó sobre la base de declaraciones de exfuncionarios y empresarios.
Junto a la titular del Partido Justicialista, también fueron convocados otros exintegrantes del gabinete nacional, entre ellos el exministro Julio De Vido y el exsecretario Roberto Baratta.
Se prevé que la jornada cuente con la presencia de referentes de organismos de derechos humanos y legisladores nacionales. El entorno de la expresidenta adelantó que mantendrá una postura de respeto a derecho, aunque sus intervenciones públicas previas sugieren que su defensa se centrará en denunciar una persecución política (lawfare) en su contra.
El regreso de la expresidenta a los tribunales federales ocurre en un contexto de alta sensibilidad política y económica. Resta observar si la estrategia judicial de los acusados se limitará a la lectura de escritos o si aceptarán responder interrogantes en un expediente que acumula más de 70 imputados. ¿Podrá el desarrollo del juicio oral esclarecer las dudas sobre la validez de las pruebas originales?
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