El escenario político argentino atraviesa un sismo institucional tras la difusión de la primera encuesta posterior al estallido del caso $Libra. Los datos procesados por la consultora Zuban Córdoba y Asociados confirman un deterioro acelerado en la figura de Javier Milei: la desaprobación de su gestión escaló al 58,7%, mientras que el respaldo social cayó al 35,4%. Esta cifra marca un contraste drástico respecto a los niveles de aprobación cercanos al 50% que el Ejecutivo sostenía hasta noviembre de 2025, evidenciando que el escándalo de corrupción vinculada a activos digitales quebró la confianza de una parte sustancial de su electorado.
La crisis se profundizó a partir de las pericias judiciales realizadas sobre el teléfono de Mauricio Novelli, un trader del entorno presidencial. Los archivos recuperados exponen un acuerdo de pagos por 5 millones de dólares, de los cuales la mayor parte habría tenido como destino final al propio Javier Milei. Según la investigación, este pacto se habría sellado apenas días antes de que el mandatario publicara el tuit que disparó la cotización del token $Libra, maniobra que la justicia investiga como una estafa coordinada desde las esferas del poder.
El rol de la Casa Rosada en el negocio cripto
Las pruebas recolectadas por los peritos no solo son digitales, sino también físicas. Se confirmaron al menos siete ingresos de Novelli a la Casa Rosada y una visita a la Quinta de Olivos, donde participó de encuentros con el Presidente y su hermana, Karina Milei. En estas reuniones también habría estado presente Hayden Davis, el creador del token. Las fotografías y registros oficiales muestran a Novelli moviéndose con total naturalidad en los despachos gubernamentales, actuando presuntamente como el nexo operativo entre los desarrolladores del criptoactivo y la cúpula del Poder Ejecutivo.
Impacto institucional y silencio oficial
El contenido de los chats de Novelli aporta una carga probatoria contundente. “Cerré un deal tremendo. Quiero festejar”, escribió el operador tras una de sus visitas a la sede de Gobierno, lo que refuerza la hipótesis de que se utilizaron recursos y acceso estatal para concretar negocios privados de escala internacional. Mientras la justicia avanza sobre los vínculos de su socio Manuel Terrones Godoy y su hermana María Pía, el silencio absoluto del Gobierno frente a las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias parece retroalimentar la desconfianza ciudadana reflejada en los sondeos.