Vecinos del complejo Estación Buenos Aires se negaron a retornar a sus hogares pese a la autorización judicial de reingreso parcial. Denunciaron falta de servicios básicos y condiciones de inseguridad tras el derrumbe ocurrido el 3 de marzo.
Vecinos del complejo Estación Buenos Aires se negaron a retornar a sus hogares pese a la autorización judicial de reingreso parcial. Denunciaron falta de servicios básicos y condiciones de inseguridad tras el derrumbe ocurrido el 3 de marzo.
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, bajo la titularidad de María del Rosario Selvatici, dispuso ayer el levantamiento parcial de la clausura preventiva en el Sector 2 del complejo habitacional de Parque Patricios.
La medida permitió el acceso condicionado de los residentes a las áreas consideradas aptas por la Guardia de Auxilio y Emergencias. Sin embargo, la disposición oficial encontró una firme resistencia por parte de las familias evacuadas, quienes sostuvieron que el predio todavía funciona como una zona de obra.
Aproximadamente 300 personas permanecen desplazadas de 175 departamentos distribuidos en cuatro torres. Tras dos semanas de alojamiento en hoteles dispuestos por el Gobierno de la Ciudad, los damnificados manifestaron su desconfianza ante la celeridad de la medida.
Según relataron los residentes, las notificaciones incluyeron mapas con delimitaciones de zonas prohibidas, lo que incrementó la incertidumbre sobre la seguridad estructural del resto del complejo.
La operatividad del reingreso presentó fallas logísticas durante la jornada. Roxana Garay, residente de la torre B, señaló que el suministro de electricidad y gas no fue restablecido en su totalidad.
Por su parte, fuentes del gobierno porteño admitieron la complejidad del operativo, al explicar que la rehabilitación de los servicios debe realizarse de manera individual, departamento por departamento, mediante personal matriculado. Las estimaciones de los vecinos sugieren que la normalización técnica recién ocurriría a finales de la próxima semana.
Silvina Blascetta, otra de las damnificadas, cuestionó la ausencia de autoridades y representantes de la constructora COSUD en el lugar durante el procedimiento de retorno.
La vecina enfatizó que existen filtraciones en las terrazas y pisos elevados que guardan similitud con los problemas que originaron el colapso de la losa en el estacionamiento subterráneo. Estas fallas estructurales habían sido reportadas desde el año 2022 ante el Banco Hipotecario y la constructora.
El Ministerio Público Fiscal aclaró que la resolución no constituye una habilitación general ni el cese total de la clausura. El área donde colapsó la estructura de 50 por 70 metros continúa restringida y bajo custodia permanente de la Policía de la Ciudad.
El objetivo de mantener estas limitaciones responde a la necesidad de preservar las pruebas para la investigación penal por estrago culposo y garantizar la integridad física de los operarios y habitantes.
Pasadas las 18.30 de ayer, las estructuras de asistencia de Bomberos y Defensa Civil se retiraron del predio ante la negativa masiva de los vecinos a ocupar sus viviendas. La mayoría de las familias optó por permanecer en las plazas hoteleras asignadas, a la espera de un informe definitivo que garantice no solo la estabilidad del suelo, sino la habitabilidad digna de las unidades.
¿Es posible considerar habitable un edificio que mantiene áreas de circulación restringidas y servicios esenciales suspendidos? El conflicto entre la urgencia administrativa por normalizar el complejo y la seguridad percibida por los propietarios abre un interrogante sobre los estándares de control en las obras de vivienda pública.
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