A 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a 1652 víctimas de la dictadura. La mayoría fueron halladas en cementerios de la provincia de Buenos Aires, donde el propio Estado dejó rastros de sus crímenes.
Enero de 1991. En el sector 134 del Cementerio Municipal de Avellaneda, una joven de 18 años cruza los pozos de excavación con paso firme. Se llama Karina Manfil. Efectivos de la Policía bonaerense y el Ejército habían entrado a su casa el 27 de octubre de 1976 y disparado contra su familia. Sospecha que sus padres y su hermano de ocho años están enterrados ahí. Pide al Equipo Argentino de Antropología Forense que los encuentre.
Su caso fue uno de los cientos que, a lo largo de cuatro décadas, el EAAF fue resolviendo uno a uno. El resultado: 1652 personas encontradas, 848 de ellas ya identificadas.
El golpe del 24 de marzo de 1976 dio inicio a un plan sistemático de represión clandestina. Pero esa clandestinidad tenía límites inesperados: el propio aparato estatal documentó parte de sus crímenes. Los cadáveres eran recogidos por personal policial, que tomaba huellas dactilares, realizaba autopsias y disponía la inhumación como NN en cementerios municipales.
Libros de enterramientos, actas de defunción, archivos policiales, legajos de la policía científica y expedientes judiciales fueron los insumos que el EAAF usó para reconstruir, pedazo a pedazo, el destino de las víctimas. “No hay posibilidad de arribar a la identificación si no tenemos una investigación preliminar”, explicó Mariana Segura, arqueóloga y directora para Sudamérica del equipo a La Nación.
El 54,9% de las víctimas fueron encontradas en la provincia de Buenos Aires, en su mayoría en cementerios. Solo en el de Avellaneda hallaron a 247 desaparecidos entre 1986 y 1992, entre ellos la familia de Karina Manfil.
Le sigue Tucumán, con el 15,2% del total: 253 víctimas, de las cuales 149 estaban en el Pozo de Vargas, la mayor fosa clandestina del país, en Tafí Viejo, con tres metros de diámetro y 37 de profundidad. Luego aparecen Santa Fe con 190 hallazgos y Córdoba con 107, donde el Cementerio de San Vicente concentró 88 desaparecidos vinculados a los centros clandestinos La Perla y La Ribera.
El 61,7% de los identificados tenía entre 20 y 29 años al momento de su desaparición. El 71% eran hombres. La mayoría desapareció entre 1976 y 1977: el equipo encontró a 483 personas desaparecidas en 1976 y 261 en 1977.
Las heridas de arma de fuego representan la causa de muerte más frecuente, con 523 casos. En 22 casos se registraron lesiones compatibles con los vuelos de la muerte. Otras 804 personas encontradas aún no tienen nombre: sus restos permanecen bajo resguardo del EAAF mientras continúa la investigación.
“El término ‘desaparecido’ es perverso porque no solo secuestraron a la persona, sino que también ocultaron el cuerpo. Los huesos ayudan a asimilar esa muerte y cerrar el duelo”, reflexionó Patricia Bernardi en dialogo con LN, una de las fundadoras del equipo.
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