La justicia penal económica dictó el procesamiento y embargo por 350 millones de pesos contra los principales directivos del fútbol argentino. Investigan el uso financiero de 19.300 millones de pesos que debían depositarse al fisco y habrían generado intereses privados.
Diego Amarante, juez al frente del Juzgado en lo Penal Económico, dictó este lunes el procesamiento de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La medida responde a una investigación por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Según el magistrado, la entidad deportiva habría retenido impuestos de sus trabajadores y obligaciones de IVA y Ganancias sin transferirlos al Estado en los plazos legales.
El monto cuestionado asciende a 19.300 millones de pesos, correspondientes a diversos períodos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El fallo judicial sostiene que la cúpula de la entidad puso en marcha un plan sistemático para retrasar los pagos y obtener beneficios financieros.
La investigación reveló que la AFA contaba con una liquidez suficiente para afrontar sus obligaciones, destacando la existencia de 24 plazos fijos que generaron intereses por más de 5.000 millones de pesos durante el período investigado.
Dirigentes como Víctor Blanco, exsecretario general, y Cristian Malaspina, actual secretario, también resultaron procesados, aunque con embargos menores de 150 millones de pesos. Para Tapia y Toviggino, el juez mantuvo la prohibición de salida del país y les impuso reglas de conducta estrictas, como no ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin aviso previo.
Durante el proceso, Tapia presentó un descargo escrito donde intentó desvincularse de la operatoria administrativa. Argumentó que su rol es institucional y que las decisiones sobre pagos recaen en áreas técnicas.
Además, la defensa de los directivos planteó que no existió delito, ya que la deuda se encontraría regularizada y existían resoluciones del Ministerio de Economía que suspendían las ejecuciones fiscales durante el año pasado.
El juez Amarante rechazó estos argumentos al considerar que el comportamiento de la “mesa chica” de la AFA evidenció un desprecio por el destino de esos fondos, originalmente dirigidos al sistema de seguridad social y jubilados.
El magistrado destacó que, mientras se demoraban los pagos al fisco, la entidad movía capitales mediante la compra de títulos y recibía transferencias millonarias de patrocinadores.
La resolución, que consta de 140 páginas, constituye el primer procesamiento judicial de relevancia para la actual gestión de la calle Viamonte. Las defensas de los implicados podrán apelar la decisión ante la Cámara Penal Económico para intentar revertir los embargos y las restricciones personales impuestas a solo tres meses del comienzo de la Copa del Mundo.
¿Podrá la estructura técnica de la AFA absorber la responsabilidad legal y eximir a sus máximas autoridades de una futura condena, o marcará este fallo un precedente sobre la responsabilidad de los garantes en las instituciones civiles?
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