La ONU solicitó a El Salvador revocar la cadena perpetua para menores, alegando que vulnera tratados internacionales. El presidente Bukele defendió la medida, argumentando que las leyes previas fomentaban la impunidad y el reclutamiento de jóvenes por parte de pandillas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un enérgico llamado al gobierno salvadoreño para dar marcha atrás en las recientes reformas legislativas que permiten sentenciar a niños y adolescentes a prisión de por vida. Según el ente internacional, estas modificaciones al sistema penal juvenil, impulsadas por la administración de Nayib Bukele, representan una transgresión directa a los tratados globales que protegen a la infancia. La preocupación radica en que la normativa actual establece castigos severos para menores desde los 12 años involucrados en delitos graves como terrorismo o agresiones sexuales, eliminando la posibilidad de una justicia restaurativa.
Desde la vocería de la OACNUDH, Marta Hurtado señaló que establecer un periodo de 25 años de encierro antes de cualquier revisión de la condena desvirtúa el propósito de la Convención sobre los Derechos del Niño. Otros organismos, como UNICEF y el Comité de los Derechos del Niño, se sumaron a las críticas advirtiendo que el encarcelamiento prolongado no solo es inefectivo para disuadir la criminalidad juvenil, sino que resulta extremadamente costoso para el Estado y perjudicial para el desarrollo de los adolescentes, contraviniendo el deber de priorizar su reinserción social.
El presidente Nayib Bukele defendió la soberanía de sus decisiones en materia de seguridad, argumentando que la flexibilidad de las leyes anteriores facilitó que las estructuras criminales reclutaran jóvenes bajo un manto de impunidad. A través de sus canales oficiales, el mandatario sostuvo que las recomendaciones de Naciones Unidas en el pasado solo contribuyeron al fortalecimiento de las pandillas, justificando así la necesidad de aplicar la cadena perpetua tanto en adultos como en menores para garantizar la paz pública y mantener los índices de criminalidad en mínimos históricos.
A pesar de la popularidad interna de estas medidas, la comunidad jurídica internacional y diversos colectivos de derechos humanos mantienen su alerta ante lo que consideran un retroceso en las garantías fundamentales. Las críticas apuntan a que, si bien la estrategia ofensiva ha logrado reducir drásticamente los homicidios, los métodos empleados podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El debate se centra ahora en la incompatibilidad entre la política de “mano dura” del oficialismo salvadoreño y los compromisos internacionales que el país ratificó hace décadas, planteando un escenario de aislamiento diplomático en materia de derecho humanitario.
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