Cámara alta francesa modificó el proyecto de ley que prohibiría el acceso a menores de 15 años, introduciendo un sistema de dos velocidades que pone en duda su implementación para septiembre.
Cámara alta francesa modificó el proyecto de ley que prohibiría el acceso a menores de 15 años, introduciendo un sistema de dos velocidades que pone en duda su implementación para septiembre.
El Palacio de Luxemburgo se convirtió este martes en el escenario de un complejo debate sobre la seguridad digital y la soberanía parental. El Senado francés examinó la propuesta de ley que busca restringir el uso de redes sociales a menores de 15 años, una de las promesas centrales del presidente Emmanuel Macron.
A diferencia de la aprobación directa obtenida en la Asamblea Nacional, los senadores introdujeron cambios que alteran la naturaleza del texto original.
La Comisión de Cultura del Senado, liderada por la ponente Catherine Morin-Desailly, rechazó la prohibición generalista. En su lugar, el cuerpo legislativo propuso una estructura segmentada.
Por un lado, las plataformas consideradas perjudiciales para el desarrollo físico o moral —que se definirán mediante decreto— tendrían una prohibición total. Por otro lado, el resto de las aplicaciones requeriría únicamente el consentimiento de uno de los padres.
Esta modificación respondió a las advertencias del Consejo de Estado sobre la constitucionalidad de la norma. Según el organismo, una restricción absoluta podría vulnerar los derechos fundamentales de los menores, impidiendo conciliar su protección con su libertad de acceso a la información.
La senadora, Morin-Desailly, defendió esta postura al afirmar que buscan leyes que sean aplicables y equilibradas, evitando medidas que resulten excesivas para el marco jurídico francés.
La diputada oficialista Laure Miller advirtió que la versión del Senado debilita la propuesta y la sitúa fuera de los estándares de la Unión Europea. Según Miller, crear una jerarquía de plataformas nacionales no tiene precedentes en el derecho europeo y podría provocar el rechazo de la Comisión Europea. Este desacuerdo técnico es el principal escollo para que la ley entre en vigor al inicio del ciclo lectivo en septiembre de 2026.
El gobierno francés mantuvo conversaciones con los legisladores para revertir las enmiendas, aunque sin éxito inmediato. Si ambas cámaras no logran un consenso en los próximos días, el texto deberá pasar por una comisión mixta paritaria.
En caso de persistir el conflicto, la Asamblea Nacional tendrá la última palabra, lo que retrasaría significativamente los plazos administrativos y la notificación obligatoria a las autoridades de Bruselas.
Expertos en salud mental y adicciones, como Servane Mouton y Amine Benyamina, instaron a los senadores a no vaciar de contenido la ley. No obstante, la viabilidad técnica de la verificación de edad sigue siendo la gran interrogante.
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