El juez Lucas Yancarelli suspendió el juicio contra la tratadora de residuos petroleros, pese a la oposición de la fiscalía. La medida consolida un “garantismo selectivo” que libera de cargos penales a los responsables de una contaminación millonaria.
El sistema judicial de Neuquén atraviesa una crisis de legitimidad tras el fallo del juez Lucas Yancarelli, quien concedió la suspensión del juicio a prueba (probation) a los directivos de COMARSA. Esta empresa, encargada del tratamiento de residuos peligrosos generados por el fracking en Vaca Muerta, está acusada de montar un mercado ilegal de contaminación para maximizar ganancias, acumulando desechos sin tratamiento y ocupando terrenos de forma clandestina.
La decisión judicial es, ante todo, un quiebre del Código Procesal Neuquino. El artículo 108 de dicha norma es taxativo: para que proceda una salida alternativa de este tipo, se requiere la conformidad del Ministerio Público Fiscal. En este caso, el fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, junto a las querellas de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la APDH, se opusieron de manera fundada. La acusación pretendía llevar el caso a un juicio por jurados, dada la gravedad del daño ambiental y la escala económica del fraude, que permitía penas de hasta 10 años de prisión.
El caso COMARSA no es una causa ordinaria; se perfilaba como un leading case en la persecución de la dimensión económica del delito ambiental. La lógica detrás del incumplimiento de la empresa era puramente financiera: ahorrar costos operativos para generar utilidades ilícitas. En este contexto, la fiscalía buscaba una sanción penal ejemplificadora que desarticulara los incentivos de estos mercados negros.
Sin embargo, el magistrado se arrogó facultades que no le corresponden en un sistema acusatorio moderno. Al apartarse de la voluntad del fiscal, el juez Yancarelli no solo ignoró la ley local, sino que tergiversó jurisprudencia de la Corte Suprema aplicable a regímenes distintos. En la práctica, su decisión anula la posibilidad de que ciudadanos independientes —a través de un jurado popular— juzguen el manejo de los recursos naturales y la salud pública en la provincia.
Este fallo pone de manifiesto una preocupante impunidad estructural. Mientras el sistema penal suele ser implacable con los sectores vulnerables, aquí se observa una sobreactuación de las garantías procesales para favorecer a “delincuentes de guante blanco”. Neuquén, que cuenta con uno de los sistemas penales más avanzados desde 2014, ve cómo sus objetivos de equidad y transparencia son vulnerados por funcionarios que suavizan el poder de la justicia cuando los intereses económicos son de gran envergadura.
La explotación de Vaca Muerta no puede ser una zona liberada para el beneficio empresarial a costa del suelo y la población. La decisión será revisada por un Tribunal de Impugnación, pero el mensaje político ya fue enviado: incluso ante un daño ambiental inocultable y una investigación fiscal sólida, el brazo de la justicia parece volverse flexible ante el peso del dinero. Impedir el juicio oral no es solo un error jurídico, es un síntoma de una justicia que, ante el “bicho grande”, prefiere romper la telaraña.
¿Hasta dónde llegará la justicia neuquina para proteger el ecosistema de Vaca Muerta frente a la desidia corporativa?
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