El abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia ante la Justicia Federal por la presunta intervención de estructuras externas en el sistema informativo argentino. La presentación apunta a una organización de origen ruso denominada “La Compañía”.
El abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia ante la Justicia Federal por la presunta intervención de estructuras externas en el sistema informativo argentino. La presentación apunta a una organización de origen ruso denominada “La Compañía”.
El abogado Jorge Monastersky radicó este viernes una denuncia penal para que se investiguen indicios de injerencia extranjera en el sistema de medios y redes sociales de Argentina. Según el letrado, existen pruebas de una operación organizada para manipular la opinión pública y generar desestabilización en la gestión de Javier Milei.
La denuncia, presentada vía mail ante los tribunales federales, sostiene que no se puede permitir la intervención de potencias externas en el debate democrático. “La difusión de contenidos falsos con financiamiento internacional compromete reglas esenciales de nuestro sistema”, afirmó Monastersky a través de sus redes sociales.
Detalles de la organización bajo sospecha
| Nombre clave | Integrantes | Origen de recursos | Objetivo |
| “La Compañía” | Ciudadanos rusos | Internacionales | Desestabilización política |
| Nexos | Ramificaciones locales | Financiamiento externo | Manipulación informativa |
El impulso de esta causa se fundamenta en un informe oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) emitido el 2 de abril de 2026. En dicho documento, el organismo de inteligencia ya había alertado a la Justicia sobre las actividades de una red apodada “La Compañía”.
Esta organización, integrada por ciudadanos de nacionalidad rusa, contaría con recursos globales y nexos operativos dentro de Argentina. El objetivo de la red sería la creación de campañas de desinformación a escala regional, con un impacto directo en la voluntad popular y la soberanía institucional del país.
Para Monastersky, la intervención judicial es una “responsabilidad” ineludible frente a lo que considera un ataque a la soberanía institucional. El letrado enfatizó que la justicia debe determinar responsabilidades, ya sea por acción directa o por omisión de quienes facilitaron estas estructuras.
La causa busca esclarecer cómo se financian estas operaciones y hasta qué punto han logrado infiltrarse en los canales de formación de opinión en Argentina. En un contexto de fuerte polarización, la denuncia de la SIDE pone bajo la lupa la vulnerabilidad del ecosistema digital argentino frente a intereses geopolíticos externos.
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