Organizaciones sociales desafiaron el protocolo antipiquetes en los principales ingresos a la Capital. El reclamo se centró en la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, que dejó de pagarse este 7 de abril. Hubo incidentes con gas pimienta y camiones hidrantes.
La jornada de protesta nacional alcanzó su punto máximo de tensión en el Puente Pueyrredón y el Puente Saavedra. Efectivos de fuerzas federales y de la Ciudad impidieron el avance de las columnas, lo que derivó en enfrentamientos directos. En la zona sur, manifestantes quemaron neumáticos, mientras que en el norte se registraron forcejeos y el uso de gas pimienta.
El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, denunció que el Gobierno eliminó un programa esencial que dejó a “300 mil personas sin laburo”. Desde el Ministerio de Capital Humano, la gestión de Sandra Pettovello ratificó que el beneficio será reemplazado por vouchers de capacitación para eliminar la intermediación.
Puente Pueyrredón: Prefectura y manifestantes quedaron cara a cara en avenida Mitre.
General Paz y Ruta 3: La Policía de la Ciudad empujó a las columnas hacia territorio bonaerense.
Autopista BS.AS. – La Plata: Gendarmería utilizó camiones hidrantes para liberar el peaje de Hudson.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, responsabilizó al gobierno de la Provincia de Buenos Aires por la magnitud de los cortes. “La calle queda liberada a grupos que buscan extorsionar”, lanzó la funcionaria, diferenciando el accionar de las fuerzas federales donde se aplicó el protocolo “sin dudar”.
Por su parte, las organizaciones sociales, que incluyeron al Movimiento Evita y el Frente Darío Santillán, denunciaron que el Gobierno actúa bajo un “estado de sitio” de facto. La protesta incluyó la quema de una bandera estadounidense y críticas directas al ajuste económico de la administración de Javier Milei.
El conflicto estalló coincidiendo con el último día de cobro del programa. El Gobierno decidió congelar el haber en $78.000 antes de su cierre definitivo, argumentando que busca priorizar la inserción laboral formal. Los manifestantes rechazan la medida y exigen la restitución inmediata de los fondos para los sectores más vulnerables.
Los animales domésticos cobijados durante el confinamiento alcanzan los siete años. Un estudio global revela la falta de controles preventivos por parte de los tutores, mientras los especialistas recomiendan mantener rutinas fijas y visitas periódicas para garantizar su bienestar cognitivo y físico.
La reconocida escritora argentina debuta en la lírica con una pieza musicalizada por Oscar Strasnoy. La obra aborda la vejez, el deseo y la locura a través de tres parejas que retratan las distintas etapas de una misma relación.
Una pareja de adultos mayores con vivienda propia en la Ciudad de Buenos Aires necesitó $1.577.435 en abril para cubrir sus necesidades básicas. Los aumentos en alimentos, transporte y medicamentos continúan presionando con fuerza los ingresos de los sectores pasivos.
Las ventas de alimentos, bebidas y artículos de limpieza sufrieron una fuerte contracción interanual del 3,8% durante abril. Según consultoras privadas, el derrumbe golpeó con mayor dureza a las grandes cadenas de supermercados, pese a la desaceleración de la inflación general.
El Poder Ejecutivo ingresó al Senado la iniciativa para eliminar los octógonos negros de los envases de alimentos. El oficialismo libertario carece de mayoría propia y necesitará tejer alianzas con bloques provinciales y gobernadores para revertir la normativa.
La autoridad monetaria adquirió 112 millones de dólares en la última jornada cambiaria. Impulsadas por un desembolso clave del FMI, las reservas brutas rozaron los 48.000 millones de dólares, superando la marca máxima previa alcanzada durante la gestión de Javier Milei.
El presidente boliviano Rodrigo Paz revocó la ley que limitaba los estados de excepción. Tras la aprobación del Congreso, las Fuerzas Armadas saldrán a las calles para contener la cuarta semana de masivas protestas sociales que exigen la renuncia del mandatario.
El juez Santiago Pedraz ordenó el requerimiento de documentación en la histórica sede de Madrid. Investigan si se usaron facturas falsas para financiar campañas de desprestigio contra los magistrados que acusan al oficialismo.
