La Cámara Baja trata hoy el proyecto del oficialismo que busca modificar la protección de hielos y geoformas. El Gobierno cuenta con los votos, pero la oposición prepara una jornada de alta tensión política por temas externos a la norma.
La Cámara Baja trata hoy el proyecto del oficialismo que busca modificar la protección de hielos y geoformas. El Gobierno cuenta con los votos, pero la oposición prepara una jornada de alta tensión política por temas externos a la norma.
El recinto de la Cámara de Diputados se convierte hoy en el escenario de una reforma ambiental que podría reconfigurar la actividad extractiva en la zona cordillerana. Con el impulso del Consejo de Mayo y el aval de gobernadores de provincias con potencial minero, el proyecto llega con dictamen de mayoría y un apoyo estimado de entre 135 y 140 legisladores.
Foco del cambio: Se prioriza la función hídrica sobre la protección absoluta.
Decisión local: Las provincias ganan autonomía para determinar qué áreas se protegen.
Escenario político: La sesión estará marcada por pedidos de interpelación al vocero Manuel Adorni y debates sobre política exterior.
La modificación central establece que ya no bastará con que una geoforma sea un glaciar para estar protegida. Ahora, solo serán resguardados aquellos que “cumplan funciones hídricas”. Esto implica que deben actuar como reservas estratégicas o proveedores efectivos de agua para las cuencas. Si un glaciar no aporta caudal, su estatus de protección podría cambiar.
El punto más polémico de la reforma es la transferencia de poder a los distritos. La verificación de si un glaciar cumple funciones hídricas recaerá exclusivamente en manos de cada provincia. Aunque la información debe ser enviada al IANIGLA para actualizar el Inventario Nacional, el criterio de base para habilitar o no un área será de jurisdicción local.
El IANIGLA mantendrá el inventario, pero dependerá totalmente de la información enviada por las autoridades provinciales.
El sistema actual opera bajo una protección por defecto. Con el nuevo texto, todo glaciar inventariado se considera protegido hasta que la autoridad provincial verifique lo contrario. Una vez que el gobierno local dictamine que la geoforma carece de relevancia hídrica para su cuenca, las prohibiciones de explotación vigentes hasta hoy podrían quedar sin efecto.
Si bien se mantiene la prohibición general de minería e hidrocarburos en glaciares activos, la ley introduce una facultad excepcional. Las provincias podrán determinar mediante una Evaluación de Impacto Ambiental si una obra altera de manera “relevante” la condición natural del glaciar. Si el impacto es considerado menor o no relevante por la provincia, el proyecto industrial podría recibir luz verde.
A pesar de tener los números para la media sanción, el oficialismo enfrentará un clima hostil. La oposición buscará utilizar las “cuestiones de privilegio” para presionar sobre dos ejes:
Caso Adorni: Denuncias sobre el patrimonio del vocero presidencial.
Geopolítica: Un proyecto de Unión por la Patria para forzar una declaración de neutralidad argentina ante el conflicto en Medio Oriente, cuestionando el alineamiento del Ejecutivo con EE. UU. e Israel.
La votación de esta tarde marcará un antes y un después en la política ambiental argentina, al desplazar el eje de la protección científica hacia una administración de carácter político-provincial. Mientras el sector productivo celebra lo que considera el fin de una “parálisis legislativa” que frenaba inversiones multimillonarias, las organizaciones ambientalistas advierten que la flexibilización de los criterios de protección pone en riesgo las reservas de agua dulce más importantes del país. El resultado del debate no solo definirá la fisonomía de la minería en los próximos años, sino que también pondrá a prueba la solidez de las alianzas legislativas del oficialismo en un contexto de máxima fragmentación.
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